El Gobierno tendrá la facultad de expropiar apartamentos, hoteles o locales en la primera línea de playa, ofreciendo a los propietarios el derecho de uso durante 30 años, con la posibilidad de extenderlo en ciertos casos por otros 30 años más. Además, se establecerá un límite máximo de 75 años para las concesiones destinadas a actividades cercanas a la costa.
El Ministerio para la Transición Ecológica está avanzando en la revisión del Reglamento General de Costas para abordar el impacto del avance del mar. Parte del texto fue anulado por el Tribunal Supremo en enero pasado debido a un defecto durante su tramitación. Se espera que esta modificación siga la misma línea que la última reforma de 2022, permitiendo al Estado expropiar propiedades y terrenos en áreas donde el agua está erosionando el territorio. Esta medida ha generado controversia entre particulares, empresarios y municipios, sin embargo, el tribunal no ha intervenido en este asunto.
Ernesto García-Trevijano Garnica, socio director de GTA Villamagna Abogados, explica que si alguien posee un apartamento en la playa y el nivel del mar avanza, el Estado puede determinar que el terreno en el que se encuentra el inmueble pase a ser parte de la línea marítimo-terrestre y la propiedad se convierta en dominio público. A pesar de que el afectado tenga sentencias que lo reconozcan como propietario del apartamento, prevalecerá el dominio público, señala García-Trevijano. Una vez finalizado el periodo de cesión, el Estado podrá disponer del inmueble según considere oportuno, incluso demoliéndolo. El Tribunal Constitucional ya se pronunció años atrás, confirmando la constitucionalidad de que la indemnización consista en una concesión.
García-Trevijano añade que en muchos casos, aunque el mar no haya avanzado, pueden existir cambios de criterio que resulten en la pérdida de la propiedad. Esto ocurre especialmente en conflictos relacionados con los límites territoriales. La Administración tiene la última palabra en cualquier modificación que se desee hacer en la propiedad expropiada, desde la transferencia de la concesión hasta la realización de reformas, ya que la propiedad ya no pertenece al propietario.
Por otro lado, el nuevo Reglamento, supuestamente, busca unificar criterios sobre las actividades permitidas cerca de las playas y evitar la aglomeración de personas. Actualmente, los ayuntamientos establecen las normas urbanísticas, lo que ha generado disparidades. El objetivo es establecer un marco común para mejorar la protección de las costas, dice el Gobierno.
