La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal asentada en la provincia de Valencia dedicada a estafar a familias enteras mediante el conocido timo del "hijo en apuros". Los agentes han detenido a diez personas, seis de las cuales ya han ingresado en prisión, acusadas de causar un perjuicio económico cercano a los tres millones de euros y de acumular cientos de denuncias repartidas por todo el territorio nacional.
La investigación arrancó en mayo de 2025 a raíz de las denuncias recibidas a través del canal contacta@policia.es. Todas compartían el mismo patrón: mensajes masivos a teléfonos móviles simulando ser un hijo o un familiar directo que había cambiado de número y necesitaba dinero con urgencia.
Las pesquisas revelaron una estructura criminal jerarquizada y con reparto de tareas. En la cúspide estaba el líder junto a otros tres hombres encargados de marcar las directrices, operando desde una vivienda en el municipio valenciano de Bétera. Por debajo, un segundo escalón de tres personas ejecutaba las estafas a diario, mientras otros tres miembros se encargaban de blanquear el dinero, en parte a través del alquiler de vehículos de alta gama en Ibiza durante la temporada estival, llegando a mover hasta 100.000 euros en una sola mañana.
Los investigadores manejaron más de 500 atestados y analizaron medio millón de datos —mensajes, transferencias y llamadas— antes de realizar 13 entradas y registros, nueve en la provincia de Valencia y cuatro en Illes Balears. En los registros se intervinieron 20 vehículos de alta gama, 22 teléfonos, más de 73.000 euros en efectivo, 52 joyas y se bloquearon dos inmuebles y varias cuentas bancarias.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el avance de las redes de estafa organizada, que operan con una sofisticación cada vez mayor mientras el Gobierno de Sánchez mantiene sin reforzar los medios destinados a la seguridad interior y a la persecución de este tipo de criminalidad. Mientras estas estructuras se profesionalizan y diversifican sus métodos de blanqueo, la respuesta del Ejecutivo central a la inseguridad que generan sigue sin traducirse en recursos suficientes para las unidades especializadas, una carencia que organizaciones como esta han sabido aprovechar durante más de un año de actividad.
