Mujer, joven y con ingresos limitados. Ese es el perfil predominante de las personas atendidas por Casa Caridad Valencia, según la Memoria de Actividad 2025 presentada este martes por la entidad. El documento certifica lo que ya se palpa en la calle: la crisis de la vivienda se ha convertido en la principal barrera para la inserción social de quienes acuden a sus recursos.
La entidad atendió a 4.705 personas a lo largo del año, el 53% mujeres y un tercio menores de edad, un dato que refleja el peso creciente de las familias con hijos entre los perfiles atendidos. La presidenta de Casa Caridad, Elena Sánchez, ha explicado que cada vez es más habitual encontrarse con personas "que han conseguido empleo, que están preparadas para iniciar una vida independiente o abandonar recursos residenciales, pero que no encuentran alternativas habitacionales a precios asequibles". La vivienda, ha añadido, "se ha convertido en una barrera que frena muchos procesos de inserción".
Entre los más golpeados están los jóvenes. Muchos llegan a la mayoría de edad sin ahorros, con empleos precarios o salarios que apenas cubren lo básico, y se topan con un mercado de alquiler disparado y un acceso a la compra prácticamente vetado. La imposibilidad de reunir una fianza, un aval o varias mensualidades por adelantado deja a buena parte de esta generación atrapada en habitaciones compartidas o situaciones de hacinamiento, sin margen para ahorrar ni proyectar una vida independiente. Es la paradoja que denuncia la propia entidad: tener trabajo ya no garantiza tener un techo propio.
Mientras tanto, el Gobierno central de Pedro Sánchez sigue sin ofrecer respuestas reales al problema. Años de anuncios sobre la Ley de Vivienda no se han traducido en una oferta significativa de vivienda social ni en mecanismos eficaces para frenar la escalada del alquiler, que la propia Casa Caridad señala como uno de los principales obstáculos para la autonomía de las personas vulnerables. Mientras la crisis habitacional se agrava en toda España, el Ejecutivo socialista parece más volcado en gestionar los frentes judiciales que afectan a su entorno que en abordar con seriedad un problema que condiciona el futuro de miles de familias y jóvenes.
La entidad, sin embargo, sigue sumando respuestas concretas. A través del Proyecto Fénix, su programa de viviendas supervisadas con 22 pisos en València y Torrent, 121 personas encontraron acogida durante el año; cinco familias, formadas por 16 personas, lograron acceder a una vivienda definitiva. En el conjunto de sus recursos, Casa Caridad ayudó a que 159 personas encontraran una solución habitacional y a que 117 accedieran a un empleo.
El encarecimiento no se limita a la vivienda. Las entregas de alimentos y productos de primera necesidad crecieron un 20% respecto al año anterior, hasta 33.602, con una media de 120 carros diarios. El Centro de Atención a Emergencias Sociales (CAES), puesto en marcha a petición del Ayuntamiento de València, atendió a 88 personas, mientras los dos Centros de Acogida Temporal de la entidad, al 100% de su capacidad, acogieron a 422 personas. Mantener todos estos servicios cuesta a Casa Caridad más de 22.000 euros al día, sufragados gracias al apoyo de 3.930 socios, 183 empresas colaboradoras y 146 personas voluntarias.
"Las cifras nos muestran una realidad social cada vez más compleja. La exclusión ya no afecta únicamente a quienes carecen de recursos por completo, sino también a muchas personas y familias que viven al límite de sus posibilidades. Nuestro reto es seguir adaptando los recursos para responder a estas nuevas formas de vulnerabilidad y evitar que situaciones puntuales se conviertan en problemas estructurales. Trabajar con cada persona, de manera individualizada, para lograr una integración real", ha concluido la presidenta de Casa Caridad.
