Un hombre de 41 años está siendo investigado como presunto autor de 24 delitos contra la seguridad colectiva por incendio forestal en la zona de Serra Grossa-San Julián, en Alicante. La operación Juramento, desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Alicante con la colaboración de agentes medioambientales de la Generalitat Valenciana, ha culminado con su identificación.
El caso arrancó a comienzos de mayo de 2025, cuando se detectaron varios focos en la ladera noreste del paraje, próximos a zonas habitadas. La cercanía a viviendas generó una alarma inmediata entre los vecinos. Las primeras pesquisas apuntaron a que los incendios habían sido provocados de forma intencionada mediante aplicación directa de llama y uso de material acelerante, lo que incrementaba considerablemente el riesgo de propagación.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, la reiteración fue la señal más preocupante. Entre mayo y agosto de 2025 se detectaron 13 incendios. Tras un periodo de inactividad, a comienzos de 2026 volvieron a identificarse nuevos focos con las mismas características. La acumulación de evidencias y el análisis de toda la información recabada permitieron finalmente identificar al presunto autor.
Para llegar hasta él, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia en la zona y realizaron diversas gestiones de investigación en colaboración con los equipos medioambientales de la Generalitat. Fue precisamente esa coordinación entre la Guardia Civil y los agentes autonómicos la que permitió detectar los patrones comunes que llevaron a la identificación.
El varón investigado se encontraba ya detenido por otros hechos distintos en dependencias de la Policía Nacional cuando fue localizado. Las diligencias han sido remitidas a la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente, lo que refleja la gravedad jurídica del caso: 24 presuntos delitos, un patrón sistemático y una zona natural con viviendas en el entorno inmediato. La coordinación entre la Guardia Civil, la Policía Nacional y los agentes medioambientales de la Generalitat ha sido clave para cerrar una investigación que se prolongó durante casi un año.
