El Gobierno de Pedro Sánchez abrió ayer el plazo de la regularización extraordinaria de migrantes. El resultado fue el esperado: colas kilométricas frente a consulados y ayuntamientos, oficinas del padrón colapsadas y entidades colaboradoras sin acceso a la plataforma habilitada para tramitar los expedientes. Un estreno caótico para un proceso que afecta a unas 700.000 personas en toda España, de las cuales más de 100.000 residen en la Comunitat Valenciana.
El plazo, que se extiende hasta el 30 de junio, arrancó sin que las asociaciones autorizadas para ayudar con los trámites pudieran hacer su trabajo. De las 155 entidades colaboradoras inscritas en el registro del ministerio, solo 15 operan en la Comunitat Valenciana. Y ninguna pudo acceder ayer a la plataforma. El ministerio ha reconocido que no será hasta el 20 de abril cuando esas entidades tendrán acceso operativo al sistema. Mientras tanto, solo los abogados de extranjería pueden presentar solicitudes de forma telemática.
Las organizaciones que trabajan sobre el terreno no ocultan su malestar. Sin dotación económica ni personal adicional, advierten de que las oficinas de Extranjería de València y Alicante ya estaban saturadas antes de que arrancara el proceso. Añadir ahora una avalancha de solicitudes, sin refuerzo de plantilla, puede frustrar las expectativas de miles de personas.
El Ayuntamiento de València fue más directo. Acusó al Gobierno central de haber puesto en marcha un proceso sin definir con claridad los criterios, sin facilitar información suficiente a las administraciones ni a los propios interesados, y sin dotar a los municipios de recursos adicionales para absorber la demanda. Una presión que, según el consistorio, ningún ayuntamiento puede gestionar de forma inmediata sin apoyo estatal.
