La energía nuclear vive un resurgimiento a nivel global, consolidándose como una solución esencial para superar las limitaciones del modelo energético basado exclusivamente en fuentes renovables. Según el último estudio de la Fundación Civismo, esta tecnología ofrece ventajas competitivas clave que la posicionan como un pilar del sistema eléctrico moderno: precios estables, independencia energética y una generación continua libre de emisiones contaminantes.
En un contexto marcado por el incremento de la demanda eléctrica —impulsado por el crecimiento del empleo, la inteligencia artificial y la electrificación del transporte— la energía nuclear emerge como una alternativa estratégica para garantizar un suministro estable y económicamente sostenible.
No obstante, en España esta tecnología se ve lastrada por una presión fiscal sin precedentes. Las centrales nucleares deben afrontar tres tributos específicos: una tasa por residuos gestionada por Enresa, un impuesto sobre el combustible gastado sin contraprestación clara, y una tasa ecológica redundante. Esta carga fiscal, carente de justificación técnica o económica, parece estar motivada más por decisiones políticas que por criterios objetivos, comprometiendo seriamente la competitividad del sector.
No obstante, en España esta tecnología se ve lastrada por una presión fiscal sin precedentes
Mientras la Unión Europea impulsa y financia el desarrollo nuclear como parte integral de su estrategia de descarbonización, el Gobierno español opta por políticas que obstaculizan su despliegue. En lugar de alinear la normativa nacional con los objetivos comunitarios, se imponen barreras fiscales que desincentivan el aprovechamiento de una fuente firme, complementaria a las renovables y con bajo impacto climático.
En la última década, estos gravámenes se han incrementado en más de un 70%, a pesar de que los procesos operativos de las centrales no han variado sustancialmente. Esto refuerza la percepción de una fiscalidad punitiva injustificada. A ello se suma la competencia desigual en el mercado eléctrico, donde otras tecnologías han recibido subsidios millonarios durante años —solo en 2024, más de 4.000 millones de euros— cuyo coste recae finalmente sobre el consumidor.
De acuerdo con una encuesta de Sigma Dos, el 67,8% de los españoles rechaza el cierre de las centrales nucleares si ello conlleva un aumento del precio de la electricidad. Incluso entre votantes de izquierdas, el apoyo al cierre disminuye notablemente cuando se consideran las consecuencias económicas, lo que demuestra la importancia que la sociedad otorga a la estabilidad energética en tiempos de incertidumbre.
La experiencia de Alemania ilustra con claridad los efectos adversos del cierre nuclear:
Aumento del 36% en el precio de la electricidad, con un coste adicional de 8.000 millones de euros para los hogares.
Pérdida anual de más de 1.000 millones de euros en ingresos fiscales vinculados al sector nuclear.
Mayor dependencia de combustibles fósiles y reducción de la fiabilidad del sistema eléctrico.
Incremento de las emisiones de CO₂, alejando a España de sus objetivos climáticos.
Destrucción de cerca de 30.000 empleos, muchos en entornos rurales con escasas alternativas laborales.
Frente a estos desafíos, resulta imprescindible replantear el papel de la energía nuclear en España desde una perspectiva estratégica, técnica y económica, alejada de posturas ideológicas que ponen en riesgo la seguridad, sostenibilidad y competitividad del sistema energético nacional.
