EMASESA impulsa una inversión de 300 millones para reforzar el sistema ante inundaciones

El aumento de episodios de lluvias intensas en Sevilla y su área metropolitana ha vuelto a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de las ciudades ante el cambio climático. Lejos de tratarse de fenómenos puntuales, estos eventos extremos responden a una nueva realidad climática que exige respuestas estructurales. Así lo defiende Manuel Romero, consejero delegado de EMASESA, quien insiste en la necesidad de anticipación, inversión y cooperación institucional para garantizar la seguridad hídrica.

Romero subraya que las recientes inundaciones confirman un diagnóstico que la empresa pública lleva años manejando: las infraestructuras actuales, diseñadas para condiciones climáticas distintas, deben adaptarse a un escenario más exigente. Aun así, destaca que las actuaciones ya ejecutadas han sido clave para mitigar daños. Elementos como depósitos de retención, grandes colectores o estaciones de bombeo han permitido reducir significativamente el impacto de las lluvias, especialmente en zonas densamente pobladas.

Uno de los puntos fuertes del sistema, explica, es que toda la red de saneamiento está modelada hidráulicamente. Esto permite identificar puntos críticos, priorizar intervenciones y planificar soluciones con antelación. Sin embargo, el reto no es técnico, sino financiero. Las actuaciones pendientes —entre ellas nuevos colectores, ampliaciones de estaciones de bombeo y grandes depósitos pluviales— requieren una inversión estimada en 300 millones de euros.

“El sistema está preparado en términos de planificación, pero ejecutar esas infraestructuras exige recursos que no pueden recaer únicamente en una empresa pública local”, advierte Romero. En este sentido, reclama una mayor implicación de todas las administraciones, desde el Gobierno central hasta la Junta de Andalucía, así como el aprovechamiento de fondos europeos.

Más allá de lo técnico, el responsable de EMASESA introduce un concepto clave: la justicia hídrica. A su juicio, garantizar el correcto funcionamiento del sistema de saneamiento es también una cuestión de equidad social. “No actuar supondría trasladar los costes a la ciudadanía, especialmente a los colectivos más vulnerables”, afirma. Por ello, invertir en prevención no solo es una medida eficiente, sino también justa.

En un contexto donde el cambio climático ya es una realidad palpable, Romero lanza un mensaje claro: la anticipación es la única vía para proteger a la población. La cooperación institucional y la inversión sostenida no son opcionales, sino imprescindibles para afrontar un desafío que, lejos de ser futuro, ya forma parte del presente.