Asistimos por estos días al final de una anomalía política que pasará a los manuales de historia y que seguramente se estudiará en las aulas por su virtuosismo en el arte de la supervivencia. Pedro Sánchez, reanudó sus funciones tras un periodo de vacacional en La Mareta, que acumuló críticas no solo por su duración en un contexto de invasión de nuestro territorio y por demostrar una desconexión total con la realidad de la calle. Mientras Ceuta sigue afrontando sus consecuencias, mientras la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas suspendían permisos y vacaciones de sus efectivos destinados en la ciudad para garantizar la cobertura de seguridad, mientras los servicios públicos afrontaban una presión extraordinaria y mientras miles de invasores continúan en la ciudad semanas después de la entrada masiva.
La Ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reconocido públicamente que el Gobierno actuó tarde y mal y ha pedido disculpas a los ceutíes por el abandono. Pero no reduzcamos esta vez el análisis al enésimo episodio del desastre de esta legislatura. La actual supervivencia de este gobierno no es el triunfo individual de un pésimo dirigente. Nos olvidamos continuamente que es el resultado de una compleja ingeniería de incentivos en la que participan, todos los actores del tablero nacional: desde los socios que escaman los presupuestos del Estado hasta una oposición acomodada en el confortable papel de la protesta sin riesgo.
Las elecciones generales de 2023 arrojaron como vencedor en escaños al Partido Popular, pero Sánchez, aun perdiendo, usó con cinismo al sistema: un voto en el Congreso vale exactamente lo mismo nazca de la urna de Barcelona, de Bilbao o de Sevilla. Y cada socio que sostiene al gobierno, cobró entonces y sigue cobrando ahora un peaje político y económico de mucha magnitud:
ERC y Junts Canjearon su investidura por la desarticulación judicial del Estado en Cataluña, la Ley de Amnistía, la condonación masiva de deuda autonómica a través del Fondo de Liquidez y el traspaso de Rodalies. Vaciando progresivamente el principio de solidaridad interterritorial
PNV y EH Bildu Obtuvieron el trasvase definitivo de transferencias históricas pendientes, el blindaje de sus marcos competenciales exclusivos y la homologación institucional de la izquierda abertzale como socio del Estado, blanqueando un pasado que la democracia no debería amortizar jamás por táctica electoral.
Sumar mantiene su cuota de poder ministerial y sillones institucionales a cambio de modular un perfil ideológico intervencionista en lo laboral y fiscal, sirviendo de coartada social al bloque plurinacional.
España no ha estado gobernada estos años por un único proyecto político. Ha estado gobernada por un Ejecutivo socialista que ha tenido que construir mayorías distintas para cada votación. Y eso cambia la responsabilidad.
Durante los últimos años, estos partidos se han atiborrado de presupuestos y cuotas de poder autonómico e institucional, gestionando recursos millonarios bajo la disciplina de mantener a flote al capo de esta mafia. Mientras la opinión pública fija la mirada exclusivamente en los Consejos de Ministros, las terminales nacionalistas administran la caja y profundizan en la asimetría del Estado.
Durante el segundo trimestre de 2026, por ejemplo, el Estado abonó 4,72 millones de euros al Partido Popular, 3,71 millones al PSOE y 1,54 millones a Vox en concepto de subvención ordinaria para funcionamiento, además de cantidades correspondientes a ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria y las distintas formaciones integradas en Sumar.
Los partidos reciben además financiación pública para gastos de seguridad y los grupos parlamentarios disponen de recursos económicos, locales y medios materiales. En el Congreso, cada grupo parlamentario recibe actualmente una asignación fija de 30.346,72 euros mensuales y otra variable de 1.746,16 euros por diputado.
¿Hasta qué punto estamos exigiendo responsabilidad a quienes gobiernan mientras dejamos fuera del foco a quienes tienen capacidad parlamentaria para impedir que determinadas políticas continúen? Porque un diputado de la oposición también tiene una responsabilidad pública.
Pero llega ahora el desgaste de ese socialismo y se percibe en la descomposición de sus estructuras. A lo largo de la legislatura y los procesos electorales acumulados, decenas de diputados y cargos institucionales han abandonado progresivamente sus responsabilidades parlamentarias, reincorporándose a sus plazas profesionales o, optando por el silencio ante un partido sometido a la centralización de su ejecutiva.
Asimismo, en el ámbito municipal, la disidencia ha sido atajada con amenazas. Concejales socialistas en distintos puntos de España que se han atrevido a disentir públicamente de las directrices de la dirección o a exigir coherencia, han sufrido la apertura de expedientes disciplinarios y amenazas de suspensión de militancia. Los diputados socialistas Sebastián Guerrero y Melchor León han criticado públicamente la gestión de la crisis por parte del Gobierno y uno de ellos, llegó a reclamar directamente a Sánchez que dijera la verdad y devolviera la normalidad a Ceuta. El partido se ha transformado en una estructura piramidal donde la discrepancia equivale a la herejía.
Y frente a este panorama, ¿dónde se sitúa la oposición? Partido Popular y Vox, están viendo pasar la legislatura instalados en una zona de confort sumamente rentable electoralmente, pero inútil en términos de regeneración democrática.
Hacer oposición desde fuera del Gobierno ofrece una ventaja: la irresponsabilidad del relato. No es necesario gestionar la caja común ni asumir el coste de las cesiones territoriales; basta con esperar a que el deterioro económico, la inflación o los escándalos de corrupción desgasten al adversario para presentarse ante el electorado como la única alternativa posible.
Se ha criticado con razón el desahogo vacacional de Sánchez, pero es justo también analizar si los líderes de la oposición interrumpieron sus agendas para asumir riesgos políticos en los momentos críticos de la nación, o si se limitaron a formular declaraciones enérgicas desde los atriles del Congreso.
La prueba de esta dinámica de baja intensidad y gran comodidad, la vemos en el uso de las herramientas constitucionales. a retratarse ante sus propias bases y demostrar a la ciudadanía que la alternativa existe y no teme dar la cara.
Una moción de censura no sirve únicamente para ganar. También para presentar un candidato alternativo y presentar un programa. Como exige la dignidad parlamentaria y la voz del pueblo, para señalar los límites éticos de una legislatura, obligar a los partidos bisagra Junts, PNV, ERC, Bildu, Sumar y al resto de formaciones a explicar públicamente si quieren que Sánchez siga gobernando. Y sirve, sobre todo, para que el líder de la oposición deje de pedir al presidente que convoque elecciones y diga delante del Congreso: Quiero gobernar yo. Ese debate no se ha producido en esta legislatura. Feijóo ha rechazado presentar una moción de censura porque no tiene garantizados los votos y ha insistido en que Sánchez debe convocar elecciones. En 2026 esa posición continúa siendo la del PP. Al renunciar sistemáticamente a presentar mociones de censura en varios momentos límite de la legislatura, bajo el pretexto de que los números no daban y que ya se presentaron anteriormente mociones sin éxito, la oposición ha asumido mediocremente un reparto de papeles donde el desgaste del Gobierno se administra a plazos.
Desde el punto de vista táctico, la decisión tiene una explicación: presentar una moción que se pierde puede reforzar al Gobierno. Pero desde el punto de vista político existe otra lectura: si nunca presentas la moción porque no sabes si ganarás, estás convirtiendo la oposición en una campaña permanente de desgaste en lugar de intentar ejercer una alternativa de Gobierno. Y eso merece ser discutido.
Los ciudadanos asistimos al desarrollo de esta función de circo pagando una entrada de gallinero a precio de patio de butacas. El sanchismo no se sostiene únicamente por la habilidad maquiavélica de su líder, sino porque enfrente ha encontrado un mediocre que, de un modo u otro, se beneficia de la inercia del enfrentamiento permanente.
Comprender la crisis actual exige sacudirnos el sectarismo: el problema de España no es solo un presidente dispuesto a desguazar los consensos constitucionales a cambio de un BOE, sino un sistema de partidos, incluida una oposición, si es que la hay, incapaz de articular una respuesta patriótica y valiente que devuelva la soberanía a los españoles.
