El origen del movimiento, sus conexiones políticas, sus portavoces y cómo se financia la protesta de Sol
La Puerta del Sol se ha convertido este fin de semana en el epicentro de una protesta nacional por la vivienda.
Cientos de personas mantienen una acampada impulsada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. La protesta reclama al Gobierno aprobar el denominado Real Decreto Maricarmen.
La movilización comenzó después de una manifestación celebrada el sábado contra el desahucio de Maricarmen Abascal. La mujer, de 87 años, llevaba décadas residiendo en su vivienda madrileña.
Según Delegación del Gobierno, unas 25.000 personas participaron en la manifestación. El Sindicato elevó considerablemente esa cifra en sus propias comunicaciones.
El denominado decreto Maricarmen no es todavía una norma aprobada, sino una propuesta reivindicada por las organizaciones de inquilinos.
Entre sus principales demandas figuran contratos indefinidos, renovación automática y una moratoria efectiva frente a determinados desahucios.
También reclaman intervenir sobre los alquileres temporales, los contratos por habitaciones y determinadas prácticas del mercado inmobiliario.
Una de las principales portavoces actuales del Sindicato de Inquilinas de Madrid es Alicia del Río.
Del Río procede de Valladolid y comenzó a acercarse al movimiento por la vivienda durante su etapa estudiantil. En 2011 vivió las movilizaciones del 15-M en su ciudad.
La propia portavoz ha explicado que acudía entonces a las manifestaciones prácticamente sola, pese a no proceder de un entorno activista.
Con el paso de los años terminó incorporándose al movimiento organizado por el derecho a la vivienda. Actualmente representa públicamente al sindicato madrileño.
Otra figura destacada es Valeria Racu, que también ejerce como portavoz y ha adquirido especial protagonismo durante la acampada.
Racu nació en Moldavia en 1995 y llegó a España cuando tenía cinco años. Durante su adolescencia participó en varias producciones televisivas.
Posteriormente estudió Antropología Social en Londres y allí comenzó su vinculación con movimientos sociales y organizaciones estudiantiles.
En Reino Unido participó en movilizaciones relacionadas con el alquiler y posteriormente trasladó esa experiencia al activismo español.
Actualmente defiende públicamente contratos indefinidos, límites a los alquileres y una mayor intervención pública sobre la vivienda.
Durante la acampada ha señalado que el objetivo inmediato consiste en conseguir la aprobación del decreto previsto para el martes.
El Sindicato de Inquilinas afirma mantener independencia respecto a los partidos políticos. Sin embargo, su actividad ha coincidido repetidamente con iniciativas impulsadas por formaciones de izquierda.
En 2024, Podemos, Sumar, ERC, EH Bildu y BNG respaldaron conjuntamente una iniciativa legislativa relacionada con los alquileres temporales. Posteriormente, ERC volvió a ejercer como interlocutor parlamentario de las reivindicaciones del sindicato.
También existen contactos públicos con Podemos y Sumar, aunque fuentes de ambas formaciones han descrito al sindicato como independiente.
Un análisis publicado por The Objective señaló entonces que ambos partidos pretendían acercarse a una organización que consideraban autónoma.
La relación política, por tanto, está documentada mediante reuniones, apoyo parlamentario y coincidencias reivindicativas.
Eso no demuestra que ningún partido controle o financie al sindicato, una afirmación para la que no aparece evidencia pública suficiente. Respecto a su financiación, la propia organización asegura que no recibe subvenciones públicas.
Su principal fuente de ingresos son las cuotas de sus afiliados. Además, declara recibir donaciones puntuales y obtener ingresos mediante servicios como charlas o talleres.
En diciembre de 2024, el sindicato aseguraba contar con unos 3.000 afiliados en Madrid. Su transparencia económica señala además que alrededor del 10% de los ingresos se destina a una caja de resistencia.
Ese fondo sirve para afrontar multas, acciones legales colectivas y otros gastos derivados de su actividad sindical. La protesta de Sol representa así un choque directo entre el movimiento de inquilinos y las instituciones.
El sindicato exige al Ejecutivo resultados inmediatos, mientras reclama cambios profundos en el funcionamiento del mercado residencial.
Desde una perspectiva crítica, la cuestión central será comprobar qué medidas termina aprobando el Gobierno y cuáles quedan fuera.
También deberá observarse si las propuestas consiguen aumentar la protección de los inquilinos sin generar nuevos problemas para la oferta residencial.
Por ahora, la acampada continúa y sus promotores aseguran que permanecerán en Sol hasta conseguir avances sobre sus principales reivindicaciones.
