Detenidos los miembros de una organización criminal magrebí que operaba entre Ceuta y la Península

Detenidos los miembros de una organización criminal magrebí que operaba entre Ceuta y la Península
Red de inmigración ilegal.
porEDATV
sucesos

Once detenidos en Ceuta, Algeciras y Málaga por traficar con inmigrantes hacia la Península


En plena oleada migratoria, la Guardia Civil ha desmantelado una red criminal magrebí en Ceuta dedicada al tráfico de inmigrantes ilegales hacia la Península. Once detenidos de origen magrebí y dos investigados evidencian el fracaso de unas políticas migratorias blandas e ineficaces. España se ha convertido en la puerta abierta de Europa, sin control ni consecuencias para quienes violan nuestras fronteras.

La organización criminal trasladaba inmigrantes desde Marruecos hasta Ceuta y de allí a Andalucía, moviendo grandes cantidades de dinero gracias al tráfico ilegal. Estos delincuentes se aprovechaban de la falta de firmeza del Estado y del efecto llamada generado por la permisividad institucional. Mientras tanto, los españoles pagan el precio del descontrol con inseguridad y recursos públicos desbordados.

Ceuta se encuentra al límite, con el CETI totalmente colapsado y sin capacidad para acoger a más personas. Las llegadas ilegales no paran de aumentar, triplicándose en apenas tres años. Es urgente imponer mano dura, cerrar el paso a la inmigración ilegal y garantizar la defensa real de nuestras fronteras antes de que la situación sea irreversible.

Más del 90% de los españoles ven la inmigración ilegal como problema de Estado

El último barómetro de Sigma Dos revela que más del 90% de los españoles consideran la inmigración ilegal un problema de Estado. El estudio, publicado este sábado por El Mundo, refleja la preocupación ciudadana y el deseo de mayor control en materia migratoria.

Según los datos, casi el 80% de los encuestados reclaman más expulsiones de extranjeros que hayan delinquido en territorio nacional.

 

. Estas redes actúan como empresas criminales
. Estas redes actúan como empresas criminales

El sondeo apunta que el 78% respalda endurecer la ley para aumentar las expulsiones, mientras un 14,7% rechaza la reforma propuesta. El 7,3% restante no se pronunció en la encuesta, evidenciando un consenso amplio sobre la necesidad de medidas más estrictas. Los votantes consultados señalan la inseguridad y la presión sobre los barrios como razones principales para endurecer las políticas migratorias.

El PP y PSOE aparece señalado en el estudio por alentar, según críticos, un efecto llamada con sus políticas migratorias.

VOX, por su parte, se desmarca y reclama una estrategia nacional contra la inmigración ilegal y las mafias de tráfico humano. El partido liderado por Santiago Abascal exige la expulsión inmediata de todos los inmigrantes ilegales y de los que cometan delitos. La formación asegura que los barrios españoles sufren una crisis de inseguridad vinculada al aumento de la inmigración ilegal en España.

VOX destaca que este año se ha registrado un récord en el número de violaciones, con un 7% más entre enero y junio.

Según los datos, la delincuencia sexual se habría incrementado en comparación con las cifras del mismo periodo del año 2024. En declaraciones, la formación subrayó que "son responsables quienes fomentan políticas de inmigración masiva en detrimento de la seguridad nacional".

VOX recuerda que la mayoría de españoles están a favor de deportar a inmigrantes ilegales y a legales que cometan delitos. El partido denuncia que PP y PSOE defienden regularizaciones masivas y cita la votación a favor de 500.000 inmigrantes irregulares. Abascal insistió en que no se consulta en referéndum a los ciudadanos sobre la expulsión de quienes entran ilegalmente en España.

El líder de VOX aseguró que seguirán exigiendo deportaciones de inmigrantes ilegales y de los legales que cometan cualquier tipo de delito.

En su discurso señaló a quienes vengan a okupar, robar, violar o imponer religiones extremistas que atenten contra los derechos de la mujer.

El barómetro de Sigma Dos confirma la percepción ciudadana de que la inmigración ilegal constituye un desafío prioritario para el Estado.

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