La víctima, obligada bajo amenazas, denunció el 11 de agosto y activó la detención de los cuatro hombres
Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Valencia a cuatro hombres de entre 44 y 53 años por, presuntamente, agredir sexualmente en grupo a la exnovia de uno de ellos. La víctima fue supuestamente obligada por su expareja a mantener relaciones sexuales con él —al que además se le imputan malos tratos— y con tres hombres más: el hermano y dos amigos de este.
El origen de la investigación
Según ha informado la Policía en un comunicado, la investigación tuvo su origen el 11 de agosto, tras personarse en dependencias de Policía Nacional una mujer que solicitaba asesoramiento sobre conductas de acoso, amenazas y agresiones sexuales ejercidas por parte de su expareja mientras mantenían una relación sentimental. Ante los hechos narrados y el asesoramiento prestado por agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), la víctima accedió a interponer denuncia.
Amenazas y coacciones
Los agentes averiguaron que la mujer fue supuestamente obligada en varias ocasiones a mantener relaciones sexuales con su expareja y con tres hombres más. Si la mujer se oponía a las exigencias, este presuntamente llegaba a agredirla físicamente y a amenazarla con difundir imágenes sexuales que grababa con su teléfono móvil sin su consentimiento.
Cuatro detenidos
Tras las pesquisas llevadas a cabo por los investigadores, se consiguió localizar en primer lugar a la expareja de la víctima, un hombre de 51 años, que fue detenido como presunto responsable de los delitos de agresión sexual y malos tratos en el ámbito de la violencia de género. Posteriormente, una vez identificados plenamente el resto de sospechosos, se procedió a su arresto como presuntos autores de un delito de agresión sexual. Todos ellos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.
Una respuesta institucional que sigue siendo insuficiente
Casos como este vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar el acompañamiento a las víctimas de violencia sexual y de género. Las asociaciones y profesionales que trabajan con supervivientes reclaman desde hace años más recursos, más plazas de acogida y una atención psicológica y jurídica más ágil, unas demandas que consideran insuficientemente atendidas por el Gobierno central, responsable de buena parte de la financiación y coordinación de estos servicios a nivel estatal.
