El gestor ferroviario reconoció la existencia de equipos obsoletos, redes fuera de su vida útil y sistemas sin soporte del fabricante en la alta velocidad española
Adif conocía desde julio los problemas de antigüedad y funcionamiento de parte de las redes de telecomunicaciones de la alta velocidad española, meses antes del accidente ferroviario de Urda (Toledo). El organismo dependiente del Ministerio de Transportes dejó constancia de estas deficiencias en la documentación de un contrato destinado a modernizar los sistemas de comunicación utilizados en la red.
Según una información publicada por ABC y firmada por Daniel Caballero, los propios documentos de Adif advertían de la necesidad de renovar urgentemente determinadas instalaciones, algunas de las cuales habían superado su vida útil. El gestor también reconocía la existencia de equipos que ya no recibían soporte técnico de sus fabricantes.
Las advertencias adquieren especial relevancia después de que el primer informe de incidencias sobre el accidente de Urda recogiera fallos en el sistema de seguridad LZB y en las comunicaciones GSM-R, utilizadas para conectar a los maquinistas con los centros de control. No obstante, todavía debe determinarse qué papel tuvieron estas incidencias en el siniestro.
Adif admitió en julio graves deficiencias en las telecomunicaciones del AVE meses antes de la tragedia de Urda
Adif reconoció sistemas obsoletos y equipos sin mantenimiento del fabricante
El pasado mes de julio, Adif licitó un contrato de 175,46 millones de euros para mantener y renovar sus sistemas de telecomunicaciones, con una duración prevista de cuatro años. La documentación abarcaba distintas infraestructuras de alta velocidad, incluida la conexión Madrid-Sevilla.
En los pliegos, el organismo reconocía que la coexistencia de tecnologías, fabricantes y contratos diferentes dificultaba una gestión eficiente. También advertía de que determinadas redes habían superado su periodo de funcionamiento previsto, situado entre diez y doce años.
El documento señalaba expresamente que "varias de estas redes han alcanzado y superado su ciclo de vida", por lo que consideraba imprescindible acometer una renovación rápida y, en determinados casos, urgente.
La situación afectaba también a numerosos dispositivos para los que ya no existía asistencia oficial del fabricante. Aunque Adif había actualizado parte de sus redes de datos en los corredores Madrid-Barcelona y Madrid-Sevilla, reconocía que en otras líneas seguían funcionando equipos sin soporte técnico.
Adif admitió en julio graves deficiencias en las telecomunicaciones del AVE meses antes de la tragedia de Urda
Las advertencias reabren las preguntas sobre la gestión de Transportes
La documentación también identificaba problemas de fiabilidad en determinadas conexiones de fibra óptica, especialmente en la línea Madrid-Barcelona-Figueras. Adif reconocía que los repetidos sabotajes y reparaciones habían deteriorado algunos cables hasta hacer necesaria su sustitución.
A estas deficiencias se sumaba la necesidad de actualizar programas informáticos relacionados con el control del suministro eléctrico, así como de preparar la transición hacia tecnologías de comunicación más modernas.
Actualmente, buena parte de las comunicaciones ferroviarias depende del GSM-R, basado en tecnología 2G. Su futuro sustituto, el FRMCS, utilizará sistemas más avanzados, aunque Adif todavía se encontraba en fase de pruebas y sin un calendario inmediato de implantación.
Las advertencias conocidas meses antes de Urda plantean nuevas preguntas sobre los plazos de modernización de la red y la supervisión del Ministerio de Óscar Puente. La documentación demuestra que Adif había identificado necesidades de renovación, aunque no permite concluir que esas deficiencias fueran la causa del accidente.
El esclarecimiento de la tragedia deberá determinar si los fallos de comunicación detectados influyeron en lo ocurrido y si las medidas de mantenimiento y seguridad existentes eran suficientes. Entretanto, la antigüedad de parte de los sistemas ferroviarios vuelve a situar la gestión de las infraestructuras bajo escrutinio.
