AT&T vuelve a estar en el centro de la atención mediática y judicial. La compañía se enfrenta a un momento decisivo: el plazo para responder legalmente a un caso crucial vence este 16 de julio.
Este giro se produce después de que un juez desestimara recientemente una demanda presentada por inversores contra el gigante de las telecomunicaciones. Todo comenzó hace dos años, cuando se reveló un problema ambiental de grandes proporciones.
AT&T, junto con otras grandes operadoras, fue señalada por haber dejado abandonados miles de kilómetros de cables telefónicos recubiertos de plomo. Estos cables, que alguna vez fueron fundamentales para las redes de comunicación, permanecieron colgados en postes, enterrados o cruzando ríos. Todo esto sin que nadie se hiciera responsable de su retiro.

Con el paso del tiempo, el plomo empezó a deteriorarse y liberarse, representando un grave riesgo para la salud y el medio ambiente. Según investigaciones publicadas en 2023, estos residuos tóxicos han llegado a zonas habitadas y de recreación. Se detectaron niveles de plomo en áreas tan sensibles como un parque infantil en Nueva York, una escuela en Nueva Jersey y una zona de pesca en Luisiana.
Demanda contra AT&T
Como consecuencia de esto, varios estamentos públicos de la ciudad de Nueva York iniciaron una demanda contra AT&T y varios de sus ejecutivos. Alegaban que la empresa no había informado de forma clara a los inversores sobre los riesgos ambientales y financieros derivados de estos cables antiguos. Afirmaban que entre 2018 y 2023, la compañía habría presentado declaraciones incompletas o directamente engañosas sobre sus prácticas ambientales.








