La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre ha acelerado la batalla judicial en torno a la denominada "ley de nietos". Iustitia Europa ha solicitado al Tribunal Supremo que actúe con urgencia para garantizar que el censo electoral utilizado en los comicios no incluya con plenos efectos electorales inscripciones del CERA que se encuentran afectadas por la suspensión cautelar acordada por el propio tribunal.
El Supremo decidió en septiembre paralizar cautelarmente los efectos electorales de determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes correspondientes a personas que obtuvieron la nacionalidad mediante esta vía, salvo en los supuestos en los que pueda acreditarse individualmente el exilio exigido por la norma. Los magistrados justificaron la decisión al apreciar un "peligro fundado, real y serio" para la objetividad y transparencia del proceso electoral ante el fuerte incremento del censo exterior.
La medida fue adoptada cuando todavía no existía una convocatoria electoral inmediata. El adelanto anunciado por Pedro Sánchez modifica ahora el escenario: el censo para el 29N está cerrado y las administraciones disponen de menos de dos meses para determinar qué electores pueden ejercer el sufragio y cuáles permanecen afectados provisionalmente por la resolución judicial.
Iustitia Europa reclama revisar los expedientes uno a uno
La formación presidida por Luis María Pardo ha pedido al Supremo que apremie a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral para identificar las inscripciones afectadas. El problema reside en que el CERA no recoge directamente la vía concreta por la que cada persona adquirió la nacionalidad, por lo que sería necesario comprobar expedientes individuales y cruzarlos posteriormente con los registros consulares y electorales.
Iustitia Europa sostiene que una tarea que hasta ahora podía desarrollarse dentro de los tiempos ordinarios del procedimiento judicial se ha convertido en una cuestión inmediata por la convocatoria del 29 de noviembre. Su objetivo es que antes del inicio efectivo del proceso de voto exterior quede determinado quién está incluido en la suspensión y quién cumple las excepciones reconocidas por el Supremo.
La resolución cautelar no cuestiona la nacionalidad española de los afectados ni elimina el resto de sus derechos. Su alcance se limita a los efectos electorales mientras el alto tribunal decide sobre los recursos presentados por Iustitia Europa y Vox contra el criterio aplicado a las inscripciones derivadas de la Ley de Memoria Democrática.
Vox e Iustitia Europa piden al Tribunal Supremo revisar el censo del 29N por las altas de la 'Ley de nietos'
El Gobierno se opuso a paralizar el voto
La controversia enfrenta también al Ejecutivo con los recurrentes. Antes de que el Supremo adoptara las cautelares, la Abogacía del Estado pidió que no se suspendiera el acceso al voto de quienes habían adquirido la nacionalidad por esta vía. Argumentó que las nacionalidades procedían de actos administrativos firmes y advirtió de que restringir temporalmente el sufragio afectaría a un derecho fundamental.
El Supremo terminó aceptando parcialmente las medidas solicitadas y ordenó proteger el proceso electoral mientras resuelve el fondo. La Sala consideró que el aumento extraordinario de electores incorporados al CERA justificaba adoptar precauciones para evitar que una eventual sentencia posterior llegase demasiado tarde para corregir sus efectos sobre unas elecciones ya celebradas.
La convocatoria anticipada convierte ahora ese escenario hipotético en un problema con fecha concreta. Iustitia Europa reclama que la situación quede resuelta antes del 29N para impedir que participen en la votación inscripciones cuyos efectos electorales están cautelarmente suspendidos, mientras el Supremo continúa pendiente de pronunciarse definitivamente sobre los recursos.
