El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castellón, Vicente Sales, ha respondido con contundencia a las acusaciones de Compromís
El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castellón, Vicent Sales, ha respondido con contundencia a las acusaciones de Compromís sobre un supuesto veto al debate sobre la consulta lingüística en los centros educativos. “No existe ningún veto, lo único que hay es una adecuación al reglamento del Pleno que deben respetar todos los grupos políticos. Lo que no puede hacer Compromís son trampas, porque las reglas son las mismas para todos”, ha afirmado Sales.
El edil ha explicado que el grupo nacionalista conocía desde el principio que su propuesta no era competencia municipal. “La Secretaría General del Pleno les informó mediante una diligencia de que la iniciativa que querían presentar no podía tramitarse como moción, ya que no entra dentro de las competencias municipales”, ha detallado. Pese a ello, según el portavoz del gobierno local, Compromís ha preferido alimentar la polémica en lugar de adaptarse a las normas establecidas.
Sales ha recordado que se ofrecieron alternativas viables para que el debate pudiera tener cabida en el Pleno, como la presentación de una Declaración Institucional, un ruego o una pregunta. Sin embargo, Compromís ha optado por rechazar estas opciones y acusar al equipo de gobierno de impedir el debate, generando así una controversia artificial.
Desde el gobierno municipal se insiste en que el funcionamiento del Pleno está regulado y es igual para todos los partidos, sin excepciones. “Aquí nadie está intentando robar el debate. Las reglas son claras y hay que cumplirlas, sea quien sea el partido político”, ha zanjado Sales.
Esta respuesta llega en un contexto de tensión creciente en torno a la consulta sobre la lengua base en los centros educativos, impulsada por la Generalitat Valenciana y objeto de un intenso debate político. Mientras Compromís trata de convertir este asunto en un eje de confrontación, desde el equipo de gobierno se defiende la necesidad de respetar el marco normativo y evitar debates que excedan las competencias municipales.
