Asegura que se trata de algo que "no es admisible en un Estado Democrático"
El caso del hermano de Sánchez sigue siendo noticia. Recordemos que el líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado su decisión de abandonar la presidencia de la Diputación de Badajoz, así como su cargo como concejal.
Sin embargo, habló también de su entrada en la Asamblea de Extremadura, lo que le otorgará la condición de aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Sobre esto último, la juez Beatriz Biedma ha tomado una decisión.
Más concretamente, envió un escrito a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). En dicho documento, califica como un "fraude de ley" el aforamiento del imputado Miguel Ángel Gallardo. Asegura que esta "maniobra" se trata de algo que "no es admisible en un Estado Democrático".
Como ya se ha destacado anteriormente, las prerrogativas inherentes al cargo público, como el aforamiento, fueron concebidas para proteger las funciones de ese cargo público, no a la persona que lo ostenta, no siendo admisible que en un Estado Democrático se utilicen las instituciones públicas y los privilegios que de ellas derivan para fines propiamente personales.
Así consta en un documento de 102 páginas desarrollado por la magistrada. Habla además sobre la figura del aforamiento, que explica que "jamás ha de ser entendido como privilegio, si no como garantía de determinadas funciones –de aquellas especialmente relevantes- y de la propia sociedad y que sirve al bien común, conforme a los principios y mandatos constitucionales".
Miguel Ángel Gallardo cuenta con un aliado. Se trata de la Diputación de Badajoz, que sale en auxilio del imputado asegurando que la juez está llevando a cabo "una investigación prospectiva".
Esto, mediante unas diligencias "desproporcionadas" que vulneran la presunción de inocencia. Así lo asegura The Objective. Uno de los elementos más controvertidos es la intervención de los correos electrónicos de nueve empleados públicos, entre ellos el propio Gallardo.
Este hecho ha sido utilizado por los abogados de la Diputación para tratar de invalidar el procedimiento abierto contra David Sánchez. Alegan que al estar implicado un aforado, las diligencias podrían quedar invalidadas en su totalidad.
