Este paso se da tras rechazar el recurso de reforma presentado por la Fiscalía y respaldado por la defensa de Sánchez
La magistrada Beatriz Diezma, del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, ha ratificado la citación como investigados al hermano Sánchez, y Miguel Ángel Gallardo. Ambos deberán comparecer el próximo 9 de enero por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación.
Este paso se da tras rechazar el recurso de reforma presentado por la Fiscalía y respaldado por la defensa de Sánchez.
La investigación, que involucra a nueve personas, se centra en la gestión de contratos y cambios de personal en los conservatorios de la provincia. Según la juez, los indicios obtenidos tras el análisis de documentos y correos electrónicos incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil son suficientes para continuar las diligencias.
La Fiscalía había argumentado que no se detallaban adecuadamente los hechos atribuidos a cada investigado. Sin embargo, la magistrada asegura que los acusados han tenido acceso al procedimiento y que se han respetado plenamente sus derechos de defensa.
En su auto, fechado el 11 de diciembre, Diezma subraya que el objetivo de la citación es esclarecer posibles responsabilidades penales. Sin que ello implique una presunción de culpabilidad.
El recurso de apelación, también planteado por la Fiscalía, será remitido a la Audiencia Provincial, que deberá pronunciarse en las próximas semanas. Mientras tanto, la juez ha solicitado nuevas pruebas documentales relacionadas con contratos y procedimientos administrativos en la Diputación de Badajoz. Esto incluye información sobre procesos laborales y adjudicaciones en el área de Cultura, donde se sospecha que se habrían eludido controles legales.
La presunta trama gira en torno a irregularidades detectadas en los procesos de contratación y adjudicación de recursos. Los correos electrónicos analizados muestran posibles manipulaciones para beneficiar a personas cercanas al entorno político de la Diputación. Estas pruebas, según fuentes judiciales, refuerzan la hipótesis de un uso indebido de recursos públicos.
La Guardia Civil también ha señalado posibles vínculos entre los investigados y altos cargos administrativos que habrían facilitado estas maniobras. Además, testigos clave, entre ellos responsables de Hacienda y personal del área cultural, han sido citados para aportar su versión de los hechos. Las declaraciones previstas en enero serán cruciales para determinar si las sospechas iniciales se traducen en acusaciones formales.
Este caso ha generado revuelo en el ámbito político, especialmente por la relación de David Sánchez con el presidente del Gobierno. Desde la oposición, se ha exigido transparencia y explicaciones sobre la actuación de las instituciones involucradas. Por su parte, el entorno de Sánchez ha defendido su presunción de inocencia y su disposición a colaborar con la justicia.
En paralelo, la situación de Miguel Ángel Gallardo añade presión al PSOE en Extremadura, donde la Diputación juega un papel central en la gestión regional. Las próximas semanas serán clave para el desarrollo de esta investigación, que podría tener consecuencias tanto judiciales como políticas.
