Varapalo del Tribunal de Cuentas Europeo a España por la mala gestión de los fondos

El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha vuelto a emitir un informe crítico sobre España. En dicho informe, destaca a nuestro país como el que peor ha gestionado los fondos estructurales de la Unión Europea correspondientes al periodo 2014-2020. España no solo es el país que menos fondos ha absorbido, sino también el que ha cometido más errores en su ejecución.

A finales del año pasado, España aún tenía pendientes de absorber 11.000 millones de euros, lo que representaba un 26% del total asignado. Esto significa que el país había recibido solo un 74% de los fondos. De este modo se sitúa en el último lugar entre los Estados miembros en términos absolutos y relativos.

España es el tercer país de la Unión Europea con mayor presupuesto asignado a través de estos fondos, con 45.000 millones de euros, detrás de Polonia e Italia. Sin embargo, mientras que Italia ha absorbido un 78% de los fondos y Polonia un 99%. A diferencia de España que se queda muy por debajo de la media de la UE, que es del 90%.

El apoyo financiero se canaliza principalmente a través de tres fondos. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión (FC) y el Fondo Social Europeo (FSE). Estos fondos se complementan por la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) y el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD).

Errores en la ejecución

El TCE también ha señalado a España como el país con más errores detectados en la ejecución de estos fondos, muchos de los cuales no fueron identificados por las autoridades nacionales. El tribunal ya había destacado este problema en informes anteriores, exigiendo la rápida recuperación de los gastos indebidos.

Uno de los principales problemas señalados por el TCE es la asignación de fondos a proyectos que no cumplían con los requisitos de subvencionabilidad.

Como ocurrió, por ejemplo, en el marco de la Iniciativa de Empleo Juvenil. Jóvenes que ya estaban empleados o cursaban estudios de posgrado recibieron fondos destinados a personas sin empleo ni formación. Algo que no cumplía con los criterios establecidos.

En su informe anual sobre la ejecución del presupuesto de la UE en 2022, el TCE ya había puesto de manifiesto malas prácticas en España. Un ejemplo es el uso indebido de fondos para gastos ordinarios, algo prohibido por las normas comunitarias.

Entre los ejemplos citados, se incluyó un proyecto de la Agencia Tributaria financiado con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Además de la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Sanidad con cargo al FEDER.

Se amplía el plazo un año más

La fecha límite para incurrir en gastos financiados con los fondos del periodo 2014-2020 era el 31 de diciembre de 2023. Pero se extendió hasta el 1 de julio de 2024 para declarar los gastos realizados.

Sin embargo, ese plazo se ha prolongado hasta el 30 de junio de 2025. De este modo, los funcionarios contarán con más tiempo para identificar y declarar los gastos subvencionables.

Según fuentes cercanas, el Gobierno estaba presionando para conseguir una ampliación del plazo, evitando así la pérdida de fondos. Finalmente, se logró una extensión, a pesar de la oposición de países como Holanda.

Estos fondos son solo una parte de lo que España deberá gestionar en los próximos años. Con la pandemia, la UE lanzó el instrumento Next Generation EU, dotado con 740.000 millones de euros. España será el principal beneficiario de estas subvenciones, con 80.000 millones en transferencias y la posibilidad de acceder a 84.000 millones adicionales en préstamos.

Finalmente, están los fondos europeos para el periodo 2021-2027, donde España vuelve a ser uno de los principales beneficiarios. Recibirá asignación de 36.682 millones de euros en ayudas de la UE, que se complementan con una aportación nacional de 23.039 millones. Un total de 59.722 millones de euros para inversiones.