La ley de amnistía, según la Comisión, solo despenaliza actos ya penados "en distintos contextos" y exige proporcionalidad y fines públicos claros
La Comisión Europea considera que la ley de amnistía española tiene tintes de autoamnistía política, no de interés general de la UE. Según publica ABC, Bruselas habría sugerido al TJUE rechazar esta norma por uso político de la amnistía
La ley de amnistía, según la Comisión, solo despenaliza actos ya penados "en distintos contextos" y exige proporcionalidad y fines públicos claros. Igualmente, reclama reglas precisas sobre alcance y aplicación de la norma.
Los servicios jurídicos de la Comisión advierten: “no responde a un objetivo de interés general reconocido por la UE”. Añaden que su aprobación fue clave para la investidura de Sánchez, lo que refuerza su carácter de autoamnistía.
Bruselas acusa al Gobierno de aprobar la amnistía por urgencia, sin informes consultivos, saltándose las recomendaciones de la Comisión de Venecia. Ese informe de 2024 advirtió de profundas divisiones sociales e institucionales en España a raíz de la norma.
El texto también critica que la ley impone un plazo de dos meses para aplicar la amnistía, sin permitir la investigación judicial completa. Bruselas subraya que principios de igualdad y seguridad jurídica quedan vulnerados por falta de claridad en los beneficiarios.
La norma permitiría exenciones de responsabilidad más amplias de lo previsto. La Comisión recuerda que estas medidas solo se justifican con conexión real a intereses financieros de la UE.
Aun así, dice que eso no lo descarta el TJUE en su revisión. Esto coincide con el primer gran debate del Constitucional sobre la ley, que votará hacia finales de junio o principios de julio.
En su mayoría progresista, el TC defendería constitucionalidad, mientras que el bloque conservador pide aplazarla por dudas formales. Ahora, el TJUE ha fijado la vista para el 15 de julio, con el encargo de analizar si la ley afecta a intereses comunitarios.
La Comisión sostiene que la ley “no favorece el interés general europeo”, sino que responde a un acuerdo político nacional. El dictamen advierte de que esta amnistía fue impulsada por quienes se beneficiaron de ella, una fórmula peligrosa para el Estado de derecho.
También señala la ausencia de diálogo, consulta pública o mayoría cualificada para aprobar la medida, ignorando la Comisión de Venecia. El Ejecutivo comunitario respalda la suspensión cautelar de medidas, imponiendo garantías ante posibles efectos inmediatos de la norma
Todo apunta a que el fallo europeo será determinante: puede frenar la aplicación de una ley controvertida en España.
