Esta es la última exigencia de Puigdemont a Pedro Sánchez para que siga en el poder

Junts per Catalunya quiere que el catalán sea un requisito obligatorio para conceder permisos de residencia a inmigrantes en Cataluña. El partido de Carles Puigdemont busca que los ayuntamientos garanticen la aplicación de este criterio en su nueva ley de competencias migratorias.

Este planteamiento surge tras el pacto con el PSOE para transferir a la Generalitat el control de los permisos de residencia y estancia en Cataluña. El objetivo es que la Generalitat controle la concesión, renovación y extinción de permisos de residencia, además de gestionar los recursos administrativos.

Junts considera que este traspaso de competencias supone un "logro histórico" y un "reto" en la consolidación de Cataluña como ente decisorio. También pretenden que Cataluña pueda participar en comisiones estatales para definir criterios de inmigración, a pesar de no ser un Estado independiente.

La propuesta de ley incluye la facultad de los Mossos d’Esquadra para gestionar la seguridad migratoria y participar en procedimientos sancionadores. Las expulsiones de inmigrantes deberán solicitarse desde la Generalitat, aunque la ejecución de estas seguirá en manos del Gobierno central.

La policía autonómica se coordinará con la Policía Nacional y la Guardia Civil para controlar la inmigración dentro del espacio Schengen. Junts quiere que la Junta de Seguridad de Cataluña establezca los criterios para las expulsiones de inmigrantes dentro del territorio catalán.

Sin embargo, al no gobernar la Generalitat, Junts teme que el PSC no implemente estas competencias con los criterios que ellos consideran adecuados. Por ello, su plan es presionar en el Parlament para que el Ejecutivo de Salvador Illa aplique estas medidas conforme a su visión política.

A pesar de este acuerdo, Junts aclara que no se ha negociado ninguna ley de extranjería, por lo que el control fronterizo seguirá siendo estatal. El pacto prevé un refuerzo progresivo de los Mossos d’Esquadra en funciones migratorias, con 1.800 nuevos agentes destinados a esta tarea.

Este aumento se sumará a los 5.000 efectivos ya acordados en la Junta de Seguridad, con el objetivo de alcanzar 26.800 policías en 2033.

El PSOE y Junts acuerdan transferir migración a Cataluña y condonar deuda autonómica

Pedro Sánchez ha decidido ceder ante los intereses de los separatistas catalanes para asegurar su permanencia en el poder. El acuerdo entre el PSOE y Junts, firmado a cambio de la investidura de Sánchez tras las elecciones de julio de 2023. 

No solo contempla la transferencia de competencias en materia de inmigración a la Generalitat. Si no también una quita de deuda catalana que supera lo inicialmente pactado.

El pacto establece que la Generalitat asumirá la gestión de la inmigración en su territorio, delegando incluso la expedición de documentos de residencia. Sin embargo, las competencias sobre el control de fronteras seguirán bajo la órbita estatal. Lo que ha desatado las críticas por la incongruencia en la distribución de poderes.

Lo más controvertido no es solo el acuerdo en sí, sino el contexto en el que se produce. Apenas unos días después, el Gobierno aprobó una condonación de más de 17.000 millones de euros de la deuda catalana. Lo que representa un 22% de lo que Cataluña debía al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Este porcentaje supera las previsiones iniciales y coloca a Sánchez en una posición incómoda, donde la balanza entre la política económica y sus intereses políticos se inclina hacia la segunda.

A cambio de esta condonación y la cesión de competencias, el PSOE busca apaciguar las tensiones internas dentro de su coalición y obtener el apoyo necesario de los separatistas. Para afianzar su débil mayoría parlamentaria. Este tipo de acuerdos pone en duda la estabilidad del país y plantea serias preguntas sobre el futuro de la cohesión territorial en España.