El informe detalla que Ibanco envió su currículum directamente al director de Recursos Humanos, sin seguir el procedimiento establecido
Carmen Ibanco, esposa del portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, fue contratada por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) en 2007.
Según un informe de la Guardia Civil, su contratación y posterior ascenso presentan indicios de irregularidades y favoritismo. El informe detalla que Ibanco envió su currículum directamente al director de Recursos Humanos, sin seguir el procedimiento establecido.
Aunque se había publicado una oferta en prensa, su envío directo le otorgó una posición ventajosa respecto a otros aspirantes. El proceso de selección constaba de 13 fases, pero solo se completaron cuatro, sin documentación sobre entrevistas ni baremación curricular.
Según la UCO, Ibanco fue contratada como Técnico de nivel E con un sueldo de 1.783 euros mensuales y ascendida en 2009 a Técnico de nivel D. No existe constancia documental del proceso de ascenso, que le reportó 8.683 euros adicionales hasta 2011.
La Guardia Civil considera que este ascenso se produjo sin convocatoria ni proceso selectivo, vulnerando principios de igualdad y publicidad. El caso de Ibanco se enmarca en una investigación más amplia sobre 85 contrataciones presuntamente irregulares en la Faffe.
La investigación señala que muchas contrataciones favorecieron a familiares de dirigentes socialistas y sindicalistas. Entre los casos destacados está el exalcalde de Lebrija, Antonio Torres, condenado por contrataciones ilegales en la Faffe.
El exdirector de la Faffe, Fernando Villén, acumula condenas por gastos personales en burdeles con tarjetas de la fundación. La UCO advierte que en muchos casos se utilizó únicamente la base interna SAP R3/HR, limitando el acceso público a las ofertas.
En varios expedientes no se justificaban los criterios de selección ni se realizaban entrevistas más allá de la mínima exigencia. También se detectaron contratos temporales convertidos en indefinidos sin autorización previa ni prórroga legal.
En al menos cuatro casos, trabajadores contratados por la Faffe desempeñaban funciones como asesores del consejero de Empleo. Estos asesores cobraron más de 724.000 euros en total, lo que podría constituir un desvío de fondos públicos.
Se añaden suplementos salariales sin justificación y ascensos internos sin procesos reglados, como el de la esposa de Espadas. Los investigadores insisten en que sus conclusiones deben entenderse como indicios que ahora quedan a valoración del juez instructor.
La Faffe, creada por la Junta de Andalucía en 2003 para luchar contra el desempleo, fue disuelta en 2011. La mayoría de sus empleados, incluidos los contratados irregularmente, fueron absorbidos por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
El despido de estos empleados está pendiente de una decisión judicial, ya que el Ejecutivo actual no puede anular los contratos. Carmen Ibanco defendió la legalidad de su contratación ante la comisión parlamentaria que investiga la gestión de la Faffe.
