En su auto, el TSJCV argumenta que no existen indicios "objetivados con consistencia o solidez"
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha decidido inadmitir las tres querellas y cuatro denuncias presentadas contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, relacionadas con la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre. La decisión sigue el criterio del Ministerio Fiscal, que recomendó remitir las investigaciones a un juzgado ordinario hasta que existan indicios sólidos que puedan justificar la implicación de Mazón como aforado.
Falta de indicios sólidos
En su auto, el TSJCV argumenta que no existen indicios "objetivados con consistencia o solidez" que justifiquen su competencia para investigar al presidente autonómico en esta instancia. Aunque reconoce la tragedia sufrida por las inundaciones, subraya que no se pueden realizar imputaciones basadas únicamente en la posición de responsabilidad de Mazón. Además, señala que la mayoría de las acusaciones se fundamentan en una relación causa-efecto que carece de un análisis detallado sobre la intervención específica del aforado.
Querellas acumuladas y opciones legales
Las denuncias, procedentes de colectivos como Iustitia Europa, CGT y particulares, también señalaban a otros cargos como la exconsellera Salomé Pradas y responsables del área de Emergencias. Sin embargo, el TSJCV aclara que la inadmisión de las querellas no impide que los denunciantes puedan recurrir al "hábitat natural" de los juzgados de instrucción, donde las investigaciones podrían continuar si se encuentran indicios más sólidos.
Respuesta del Partido Popular
Tras conocerse el fallo, la portavoz adjunta del PP en Les Corts Valencianes, Laura Chulià, expresó respeto por la decisión judicial y abogó por evitar la crispación política en un momento que requiere soluciones y unidad. "No es momento de tacticismo político, sino de reconstruir la vida de las personas afectadas", declaró.
Con esta resolución, el TSJCV reafirma la necesidad de que cualquier atribución de responsabilidad penal sea respaldada por pruebas sólidas, respetando así los principios de culpabilidad individual y competencia judicial.
