La política migratoria de Pedro Sánchez vuelve a quedar bajo el foco de la Justicia. El Tribunal Supremo ha puesto en duda la legalidad de la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno al considerar que podría chocar con la normativa de la Unión Europea. El Alto Tribunal incluso abre la puerta a que el proceso quede paralizado mientras el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) aclara si el decreto se ajusta al derecho comunitario.
La providencia, fechada el 24 de junio, responde a los recursos presentados por los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Aragón. Los magistrados han concedido un plazo de cinco días para que las partes presenten alegaciones sobre la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial al TJUE, un movimiento que podría retrasar la aplicación de una de las medidas más polémicas impulsadas por el Ejecutivo.
El Supremo considera que existen dudas jurídicas suficientes para analizar si el decreto vulnera el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. La resolución supone un importante contratiempo para Moncloa, que había defendido esta regularización como una de sus principales apuestas en materia migratoria.
El Tribunal Supremo pone en jaque la regularización masiva de inmigrantes de Pedro Sánchez y abre la puerta a frenarla
El Alto Tribunal cuestiona que se conceda la residencia por estar en situación irregular
Entre los argumentos expuestos por los magistrados figura uno especialmente relevante. El Supremo advierte de que el decreto permite conceder autorizaciones de residencia "por el mero hecho de la estancia irregular", una posibilidad que podría entrar en conflicto con la Directiva de Retorno de la Unión Europea. Además, también cuestiona que España haya impulsado una medida de este alcance sin la coordinación previa con el resto de socios comunitarios.
Las cifras reflejan la dimensión de la iniciativa. Aunque el Gobierno estimó inicialmente que la regularización alcanzaría a unas 500.000 personas, el número de solicitudes ya supera los 1,2 millones. Un dato que ha alimentado el debate político y que también ha despertado recelos entre varios países de la Unión Europea por sus posibles efectos sobre el espacio Schengen.
La decisión del Supremo añade un nuevo problema al Gobierno de Sánchez en uno de los asuntos que más controversia ha generado durante la legislatura. Si el TJUE concluye que el decreto es incompatible con la legislación europea, el Ejecutivo podría verse obligado a rectificar una medida que ya ha provocado críticas tanto en España como entre varios socios comunitarios.
