El tribunal exonera al hermano de Sánchez de un delito pero mantiene el juicio

El tribunal exonera al hermano de Sánchez de un delito pero mantiene el juicio
David Sánchez
porGonzalo Pinilla
politica

El juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz continúa adelante


El juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz continúa adelante pese a que el tribunal ha acordado excluir uno de los delitos que se le atribuían. La decisión, conocida este lunes durante la reanudación de la vista oral, no altera el desarrollo de una causa que sigue examinando las circunstancias que rodearon su incorporación a la institución provincial.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha considerado prescrito el presunto delito de aceptación de nombramiento ilegal que pesaba sobre el hermano de Pedro Sánchez, al entender que ha transcurrido el plazo legal para exigir una eventual responsabilidad penal por esos hechos. Sin embargo, la resolución está lejos de suponer el cierre del caso, ya que el procedimiento mantiene su recorrido judicial y las pruebas continúan practicándose.

El tribunal también ha limitado el alcance de las acusaciones dirigidas contra el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, al excluir del juicio su presunta participación en la contratación de Luis Carrero, exasesor de Moncloa y estrecho colaborador de David Sánchez. Los magistrados sostienen que Gallardo no fue investigado formalmente por esos hechos durante la instrucción y que incorporarlos ahora al proceso vulneraría sus garantías procesales.

Pese a estos ajustes, la causa conserva intacto su núcleo principal: determinar si hubo irregularidades en las contrataciones que están siendo analizadas. De hecho, la sala ha rechazado el resto de cuestiones planteadas por las defensas y ha dado luz verde a la documentación aportada por las partes, permitiendo que el juicio siga avanzando.

Con las cuestiones previas ya resueltas, la vista oral entra ahora en una fase decisiva con la declaración de testigos y la práctica del resto de pruebas. Lejos de quedar desactivado, el procedimiento sigue su curso y mantiene bajo escrutinio judicial una contratación que ha generado una notable controversia política e institucional.

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