El Tribunal de Cuentas ha señalado en su último informe que el Gobierno utilizó 2.389 millones de euros procedentes de fondos europeos para hacer frente al pago de pensiones en 2024, en un contexto marcado por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado desde 2023.
Según recoge la Declaración sobre la Cuenta General del Estado, estos recursos, vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, se emplearon para abonar pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas ante la falta de crédito presupuestario suficiente.
El Ejecutivo justificó esta decisión asegurando que no comprometía el cumplimiento del Plan de Recuperación ni la absorción de los fondos europeos, aunque el órgano fiscalizador considera que los fundamentos jurídicos de esta actuación "deberían haber estado mejor justificados".
Dudas sobre el uso de los fondos y advertencias previas
El informe también pone el foco en la incertidumbre generada sobre el uso de estos fondos, al señalar que no queda completamente claro en qué medida pueden destinarse a modificaciones presupuestarias ajenas a su finalidad inicial.
No es la primera vez que el Tribunal de Cuentas advierte sobre este tipo de prácticas, aunque en esta ocasión apunta de forma más directa a un posible uso inadecuado de los recursos. Además, insiste en la necesidad de adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo.
El documento también destaca el impacto de la falta de nuevos Presupuestos, señalando que la prórroga ha generado desajustes en distintas partidas y ha obligado a realizar modificaciones para atender gastos considerados ineludibles.
Déficit estructural y otras irregularidades
Más allá de este episodio, el informe advierte de un "importante déficit estructural" en el sistema de pensiones y señala que el patrimonio neto de la Seguridad Social continúa en negativo por octavo año consecutivo, superando los 106.000 millones de euros.
Asimismo, el Tribunal identifica otras incidencias en la contabilidad pública, como pagos pendientes de justificación por valor de más de 1.600 millones de euros o desajustes en la valoración de deudores, lo que habría provocado una sobreestimación del resultado presupuestario.
En este contexto, distintas formaciones políticas han solicitado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, den explicaciones en el Congreso sobre la gestión de estos recursos y sus implicaciones.
