El Tribunal de Cuentas detecta irregularidades en contratos de Interior por tres millones de euros

El Tribunal de Cuentas ha advertido de diversas irregularidades en la contratación realizada por el Ministerio del Interior durante los ejercicios 2023 y 2024. Así lo confirma The Objective. En un informe de fiscalización, el organismo identifica incidencias en 95 contratos menores por un importe cercano a tres millones de euros y pone en duda el cumplimiento de varios requisitos previstos en la normativa de contratación pública.

La revisión afecta a 168 expedientes, valorados en 123,8 millones de euros, lo que representa cerca del 45 % del gasto analizado correspondiente a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y a distintos centros penitenciarios, hospitales y centros de inserción social dependientes del departamento.

Las conclusiones

Entre las principales conclusiones, el Tribunal señala que el recurso a los contratos menores se justificó, en la mayoría de los casos, únicamente por su importe económico. Además, en los expedientes examinados de suministros y servicios no figura cómo se calculó el presupuesto base de licitación y una parte significativa de las adjudicaciones presentaba un valor muy próximo al límite máximo permitido para este tipo de contratos.

El órgano fiscalizador también aprecia deficiencias en la tramitación administrativa. En más de una cuarta parte de los expedientes analizados, los informes que justificaban la necesidad de la contratación fueron elaborados después de que las empresas hubieran presentado sus ofertas. Asimismo, en cerca del 29 % de las obras menores revisadas no constaba el presupuesto exigido por la legislación. Para el Tribunal de Cuentas, estas circunstancias son "indicativas" de que la contratación pudo realizarse con anterioridad al procedimiento formal y al margen de los trámites establecidos.

Otro de los aspectos que recoge el informe afecta a la concurrencia entre empresas. Según la fiscalización, únicamente una pequeña parte de los contratos incluía invitaciones a distintas compañías para presentar ofertas y, cuando alguna propuesta era descartada, no quedaban reflejadas las razones de esa decisión. El documento también detecta expedientes con ofertas que superaban el límite económico permitido para un contrato menor, una situación que, a juicio del organismo, restringía la competencia efectiva entre licitadores.

La fiscalización revela igualmente el elevado peso de esta modalidad de contratación dentro del departamento. De los 2.185 contratos financiados con cargo al programa presupuestario analizado, 1.189, el 54,42 %, se tramitaron como contratos menores, con un importe conjunto de 14 millones de euros.

Las observaciones del Tribunal no se limitan a las adjudicaciones menores. En los contratos de mayor cuantía también identifica carencias en la elaboración de los estudios económicos previos, especialmente por la falta de desglose de los costes directos e indirectos. Además, el informe señala que, en algunos expedientes, el seguimiento de la ejecución del contrato fue insuficiente o se redujo a la simple conformidad de las facturas, sin realizar las comprobaciones previstas en los pliegos.

Este informe coincide con la investigación que mantiene abierta un juzgado de Madrid sobre el responsable de Instituciones Penitenciarias por unos hechos distintos relacionados con presuntas irregularidades en adjudicaciones vinculadas al centro penitenciario de Estremera. No obstante, esa causa judicial es independiente de la fiscalización realizada por el Tribunal de Cuentas.