El Tribunal de Cuentas ya había advertido, siete meses antes de la crisis migratoria, de deficiencias en las infraestructuras fronterizas de Ceuta. El informe cuestionaba tanto el estado de conservación de los pasos como la manera en que el Ministerio del Interior decidía sus inversiones.
El órgano fiscalizador se apoyó en las conclusiones de la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad. Aunque esos documentos no son públicos, señalaban que las instalaciones presentaban una "situación mejorable" y apuntaban a la necesidad de reforzar su mantenimiento.
La advertencia coincidía con el Informe Anual de Seguridad Nacional de 2025, que ya recogía un incremento de las entradas irregulares por el perímetro ceutí. Estos diagnósticos muestran que el aumento de la presión migratoria estaba identificado antes de que la frontera quedara desbordada.
El Tribunal de Cuentas alertó de fallos en la frontera de Ceuta antes de la crisis migratoria
Interior invertía sin criterios escritos de prioridad
El Tribunal de Cuentas también puso el foco en la gestión presupuestaria de la Secretaría de Estado de Seguridad. Según el informe, no existía "ningún criterio o procedimiento escrito" para decidir qué proyectos debían recibir financiación ni cuál debía ser su orden de prioridad.
Esta ausencia de reglas dejaba a Interior un "amplio margen de discrecionalidad". El Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado contemplaba 575 millones de euros y 91 actuaciones hasta 2025, pero ninguna estaba destinada específicamente a reforzar el perímetro fronterizo de Ceuta.
Además, hasta 2024 solo se habían ejecutado 191 millones de euros, aproximadamente un tercio del presupuesto previsto. El organismo censuró igualmente la falta de herramientas de seguimiento y documentación para modificar proyectos, incorporar nuevas actuaciones o retirar otras ya anunciadas.
El informe advertía de que esta forma de gestionar los fondos no garantizaba un grado suficiente de transparencia y objetividad. Las inversiones quedaban así condicionadas por decisiones internas sin un procedimiento público que permitiera conocer las prioridades reales del Ministerio.
El Tribunal de Cuentas alertó de fallos en la frontera de Ceuta antes de la crisis migratoria
Solo 7.000 euros para la frontera de Ceuta
Las instalaciones fronterizas contaban con un programa específico, el Plan Inmigración Sur. Sin embargo, en tres años apenas se destinaron 40 millones de euros, mientras que la inversión ejecutada en Ceuta durante 2024 se limitó a cerca de 7.000 euros.
Seguridad Nacional también había advertido del riesgo que suponían las entradas a nado bordeando el espigón. Además de tensionar el control fronterizo, esta vía expone a quienes intentan cruzar a un grave peligro de ahogamiento.
El documento alertaba igualmente de que una respuesta estatal insuficiente podía favorecer la actividad de las redes de inmigración irregular. Interior reforzó posteriormente la vigilancia policial y militar, pero lo hizo cuando la crisis ya había alcanzado su punto más grave.
Los informes conocidos ahora reflejan que el Gobierno disponía de advertencias previas sobre las carencias de inversión y seguridad en Ceuta. La crisis vuelve así a situar bajo la lupa la previsión del Ministerio y las prioridades adoptadas antes del colapso fronterizo.
