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POLÍTICA

El Tribunal de Cuentas advierte faltas y descontrol de facturas en Defensa

Se detecta anomalías y adjudicaciones sin respaldo adecuado en los Ministerios de Asuntos Exteriores y Justicia.

El Tribunal de Cuentas ha examinado un centenar de contratos correspondientes a tres ministerios, con un valor adjudicado superior a 363 millones de euros. En ellos se han identificado significativas irregularidades.

Tres personas en diferentes escenarios formales, una mujer en primer plano y dos hombres en ambientes de conferencias o ruedas de prensa

Entre los principales aspectos señalados en el informe se encuentran faltas de justificación. También, errores en los cálculos presupuestarios y graves carencias en la evaluación de los criterios subjetivos. Esta revisión corresponde al ejercicio 2022 e incluye la revisión de los pliegos de los Ministerios de Defensa, Justicia y Asuntos Exteriores.

En términos generales, el organismo fiscalizador independiente detecta deficiencias en los informes sobre la insuficiencia de recursos. Presentan justificaciones imprecisas y poco concretas para respaldar encargos externos. Asimismo, en varios contratos no se incluyen los costes salariales ni la referencia a los convenios colectivos aplicables.

También se identifican errores en los cálculos utilizados para estimar el valor económico de los contratos. Destacan igualmente las observaciones relacionadas con la evaluación subjetiva de las ofertas.

El Tribunal de Cuentas advierte del uso de umbrales de puntuación para valorar criterios subjetivos. Este sistema limita la continuidad del procedimiento sin que intervengan comités de expertos o entidades técnicas especializadas. El medio The Objective ha venido informando de manera habitual sobre el uso de valoraciones subjetivas para orientar la adjudicación de contratos hacia ciertas empresas a cambio del pago de comisiones.

Documentación justificativa en Defensa

El organismo fiscalizador también indica que las condiciones especiales de ejecución incluidas en los contratos. En la mayoría de los casos, se limitan a replicar exigencias ya contempladas en la normativa vigente. En ellos se han detectado fallos en la supervisión de su cumplimiento.

Subraya que, a pesar de ello, no se han aplicado las sanciones previstas para los incumplimientos. Asimismo, advierte sobre la ausencia de control en las subcontrataciones derivadas de los contratos públicos.

En lo que respecta al Ministerio de Defensa. El Tribunal de Cuentas considera recomendable que los órganos responsables de la contratación documenten de forma específica y detallada la concurrencia de las condiciones exigidas por la ley. No buscan referencias generales a los artículos legales correspondientes.

El informe del Tribunal de Cuentas

El informe resalta que, en ocho de los 69 contratos revisados del Ministerio de Defensa, la garantía económica presentada fue insuficiente.

Esto se debe a que, aunque el presupuesto se calculó con precios unitarios, la garantía se aplicó sobre el importe adjudicado. No, como debería haber sido, sobre el presupuesto base de licitación.

Además, en dos contratos el Ministerio de Defensa no incluyó toda la documentación que debía enviar.

En uno de ellos, los certificados que acreditan la realización del servicio no van acompañados de las facturas ni hacen referencia a ellas, y tampoco se adjuntan los documentos contables necesarios. Destaca especialmente el expediente número 4595, relacionado con el mantenimiento y compra de repuestos (Clase IX) para simuladores de vuelo individuales.

Desajustes y descontrol

El Tribunal de Cuentas detecta importantes irregularidades en varios contratos del Ministerio de Defensa. Señala que los gastos realizados en distintos años no coinciden con las cantidades acordadas. La suma total certificada (936.699 €) está muy por debajo del importe adjudicado (1.800.480 €).

Además, en 57 contratos no consta la firma ni la fecha. Y en muchos casos no se aportó documentación que acredite el control de subcontrataciones, pese a estar permitidas.

También faltan justificantes de pago y certificados en varios expedientes. El Tribunal recomienda mejorar los informes que justifican la contratación externa y limitar el uso de puntuaciones ligadas a los plazos de ejecución. Sobre todo cuando no se prevén ajustes de precio.

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