El trabajo por el que se contrató a Cristina Álvarez para acabar de asesora de Begoña

Begoña Gómez y su asesora siguen dando de qué hablar. Cristina Álvarez lleva tiempo en el foco desde que se dio a conocer su trabajo como asesora de la mujer del presidente del Gobierno. Un trabajo que desempeñó desde el 16 de julio de 2018.

Sin embargo, en esa fecha, según El Confidencial, entró con el puesto de directora de Programas, aunque, ya desde el primer día, estaba haciendo labores de asesoría para Begoña Gómez. Así lo confirma el medio mencionado. 

La declaración de Cristina Álvarez

Begoña y su asesora debían declarar ante el juez Peinado por un presunto delito de malversación. Primero lo haría la asesora de Begoña Gómez a las 11 de la mañana. Esta no ha respondido a ninguna pregunta, se ha acogido a su derecho a no declarar.

Por su parte, Begoña Gómez sí que ha contestado, pero solo a su abogado, Antonio Camacho. Por tanto, aunque no lo parezca, no han compartido la misma estrategia.

Cristina Álvarez y Begoña Gómez presentaron recursos contra su imputación. Ambas sostienen que la decisión judicial carece de motivación y no existen indicios de delito.

El abogado de Gómez calificó la imputación como una interpretación "exorbitada" del Código Penal. Asegura que es "extremadamente extensiva y alejada de la realidad". Por su parte, el letrado de Álvarez acusó al juez Peinado de "rebeldía" en la investigación, que, según él, está "abocada al fracaso".

Con estos recursos, la Audiencia Provincial de Madrid ya tiene ocho asuntos pendientes sobre el caso. El tribunal ha marcado en varias ocasiones los límites de la instrucción. En uno de sus últimos autos, señaló que la investigación debe centrarse en si la asesora Álvarez.

"Se sobrepasó en el desempeño de sus funciones públicas para favorecer el plan delictivo de Begoña Gómez en el delito de tráfico de influencias".

El juez Peinado ya tomó declaración como testigo al ministro Félix Bolaños en Moncloa. En aquel momento, Bolaños era secretario general de Presidencia del Gobierno, cuando Álvarez fue nombrada en julio de 2018. Posteriormente, se planteó imputarle en el Tribunal Supremo, que rechazó la medida al advertir una "absoluta" falta de indicios.