Tensión en el Constitucional: se aparta un juez clave y otros podrían ser recusados

El Pleno del Tribunal Constitucional ha dado un importante paso en la polémica por la Ley de Amnistía. Este martes ha quedado  aprobada la abstención del magistrado Juan Carlos Campo tras los recursos presentados en su contra.

Campo, que fue ministro de Justicia durante el gobierno de Pedro Sánchez. Y además, participó en la concesión de los indultos a los líderes del procés, ha decidido apartarse de la deliberación debido a su vinculación  previa con el asunto.

Esta decisión  marca el comienzo  de lo que promete ser una dura batalla jurídica y política en torno a la  Ley de Amnistía. Este se ha convertido en uno de los temas más controvertidos  de la actualidad política en España.

Los analistas señalan  que este proceso de recusaciones  podría extenderse  por semanas. Esto complicaría los plazos para que el  Tribunal Constitucional emita su fallo sobre la constitucionalidad de la ley. La retirada de Campo  deja ver las tensiones en el Tribunal, donde las fuerzas entre los bloques progresista  y conservador  están más equilibradas que nunca.

Un pulso en el Tribunal Constitucional

La abstención de Campo ha abierto la puerta para que otros magistrados puedan ser recusados o apartados del caso. Las solicitudes de recusación se han multiplicado en los últimos días, dirigidas no solo a Campo.

Uno de los señalados también ha sido el presidente del Tribunal, Cándido Conde-Pumpido. Además de la magistrada Laura Díez, quien previamente había ocupado un cargo en el Gobierno de Sánchez. Tanto el PP como varios actores políticos, como Carles Puigdemont, han exigido que estos magistrados se aparten del caso, argumentando falta de imparcialidad.

El bloque conservador del Tribunal, compuesto por magistrados como Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías, ha anunciado que emitirá un voto particular en relación a la abstención de Campo.

Estos jueces consideran que la retirada del magistrado sienta un precedente que podría llevar a la recusación de más jueces en casos futuros. De este odo se debilitaría la capacidad del Tribunal para funcionar de manera efectiva.

Macías, además, ha sido objeto de un aluvión de solicitudes de recusación. Especialmente por parte de la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado, además de Puigdemont.

Mayoría progresista en riesgo

Actualmente, el Tribunal Constitucional cuenta con una mayoría progresista de siete magistrados frente a cinco conservadores. Sin embargo, con la salida de Campo, la mayoría progresista se reduce a seis contra cinco, lo que iguala aún más las fuerzas en el seno del Tribunal.

Aunque el bloque progresista sigue manteniendo una ligera ventaja, la situación es preocupante. Dado que en casos de gran relevancia como este, se espera que las decisiones se tomen con mayorías amplias.

La Ley de Amnistía, impulsada por el Gobierno de Sánchez, ha sido fuertemente criticada por el Partido Popular y otras formaciones de la oposición. En la que consideran que la norma es inconstitucional y vulnera los principios de igualdad ante la ley.

La batalla legal se librará en varias fases. Y se espera que antes de que el Tribunal entre a valorar el fondo de los recursos, se resuelvan todas las recusaciones pendientes.

Recusaciones clave

El escenario de recusaciones ha generado un intenso debate. El Partido Popular ha centrado sus esfuerzos en recusar tanto al presidente del Tribunal, Conde-Pumpido, como a la magistrada Laura Díez. Ambos han sido señalados por su vinculación con el Ejecutivo.

Díez ha sido criticada por haber ocupado un cargo en la Moncloa, bajo la dependencia directa de Sánchez y Félix Bolaños.

El magistrado José María Macías, nombrado a propuesta del Partido Popular y exvocal del Consejo General del Poder Judicial, también ha sido objeto de recusaciones. Macías ya había expresado sus críticas a la amnistía en su etapa en el CGPJ, donde coincidió con el análisis que señalaba la inconstitucionalidad.

Sin embargo, la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional establece un listón alto para las recusaciones. Algo que ya ocurrió en el caso de la magistrada Concepción Espejel, quien no fue apartada de la deliberación sobre la ley del aborto pese a su posicionamiento en contra.

Mientras tanto, el pulso entre los bloques progresista y conservador continúa. El desenlace de este proceso tendrá importantes implicaciones no solo para el futuro de la ley, sino también para la credibilidad del propio Tribunal Constitucional.