La vicepresidenta del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, será la nueva portavoz del Gobierno valenciano, reemplazando a Ruth Merino, consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, quien ocupaba este cargo desde el inicio de la legislatura en julio de 2023.
El cambio se enmarca en una reorganización del Consell anunciada por el president Carlos Mazón, con el objetivo de adaptar la estructura gubernamental a las necesidades de recuperación económica y social tras los devastadores efectos de la DANA del pasado 29 de octubre. Según un comunicado de la Generalitat, en los próximos días se detallarán más cambios y ajustes en las funciones de las diferentes áreas del gobierno autonómico.
Nueva estructura para la recuperación
En su reciente comparecencia en Les Corts, Mazón adelantó que el Consell contará con una nueva Vicepresidencia transversal encargada de coordinar la reconstrucción económica y social de la Comunitat Valenciana. Esta vicepresidencia tendrá como objetivo integrar y supervisar las actuaciones necesarias para garantizar una recuperación efectiva en las zonas afectadas.
Además, se creará una Conselleria de Emergencias e Interior, diseñada para gestionar situaciones de crisis de manera ágil y coordinada, con competencias específicas en prevención y protección ciudadana. Esta conselleria tendrá un rol clave en la implementación de protocolos y medidas que refuercen la seguridad y resiliencia ante futuras emergencias.
Perfil de Susana Camarero
Camarero, que combina su actual responsabilidad como vicepresidenta del Consell con las áreas de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, asumirá un rol más visible como portavoz, representando al Gobierno valenciano en los principales debates públicos y comunicando las decisiones estratégicas de la Generalitat. Su experiencia en políticas sociales y su posición como vicepresidenta refuerzan su papel en la coordinación de la estrategia de recuperación de la Comunitat.
Con esta reorganización, el Consell busca responder de manera eficiente a los retos planteados por la reconstrucción tras la catástrofe, fortaleciendo la estructura institucional y agilizando la toma de decisiones en beneficio de la ciudadanía.
