Europa Press El Supremo fuerza al Gobierno a regular la jubilación de los policías nacionales
JUPOL y JUCIL llevan años denunciando esta desigualdad y exigiendo una respuesta por parte del Ministerio del Interior, sin obtener avances significativos hasta ahora
El Tribunal Supremo ha dado un paso decisivo al reconocer el derecho de los agentes de la Policía Nacional a una jubilación anticipada justa. El fallo, en respuesta a una demanda de JUPOL, JUSAPOL y JUCIL, obliga al Gobierno a actuar y poner fin a una situación que muchos consideraban discriminatoria.
Desde 2011, los agentes que ingresaron en la Policía Nacional cotizan en el Régimen General de la Seguridad Social. Lo que los diferencia de quienes lo hicieron antes o de los integrantes de cuerpos autonómicos.
Sin embargo, pese a realizar funciones similares, no se les ha reconocido el derecho a una jubilación anticipada en las mismas condiciones que, por ejemplo, los Mossos d'Esquadra o la Ertzaintza.
El Supremo señala que esta falta de regulación vulnera el principio de igualdad. Por ello, exige al Ejecutivo que elabore un Real Decreto que permita aplicar coeficientes reductores a la edad de jubilación. Es decir, que los agentes puedan retirarse antes, en reconocimiento a la dureza y peligrosidad de su labor diaria.
JUPOL no ha tardado en celebrar la sentencia. Su secretario general, Aarón Rivero, considera que se pone fin a una injusticia que llevaban años denunciando.
El Supremo señala que esta falta de regulación vulnera el principio de igualdad | Redes sociales
En la misma línea, desde JUCIL, Ernesto Vilariño habló de un “hecho histórico” para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y Miguel Gómez, presidente de JUSAPOL, destacó que este fallo demuestra que la perseverancia da resultados.
Las tres organizaciones coinciden en que esta sentencia supone un antes y un después. No solo obliga al Gobierno a actuar, sino que refuerza una reivindicación de largo recorrido: la equiparación real entre los distintos cuerpos policiales, tanto en sueldos como en condiciones de retiro.
En la práctica, la diferencia es notable. Mientras que un agente autonómico puede jubilarse a los 59 años con coeficientes aplicados, un policía nacional se ve obligado a seguir en activo hasta los 65 si no tiene condiciones especiales. Esto, sumado a las diferencias en pagas extras y pensiones, ha alimentado un malestar creciente dentro del cuerpo.
JUPOL y JUCIL llevan años denunciando esta desigualdad y exigiendo una respuesta por parte del Ministerio del Interior, sin obtener avances significativos hasta ahora. Esta sentencia del Supremo viene a poner las cartas sobre la mesa: el Ejecutivo no puede seguir ignorando la realidad.
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