El sorprendente aumento de patrimonio del hermano de Sánchez en Badajoz

El hermano de Pedro Sánchez sigue en el ojo del huracán. Entre 2017 y 2024, el patrimonio de David Sánchez supuestamente aumentó en 600.000 euros. Así lo confirma Vozpópuli.

Se trata de un periodo que coincide con su llegada a Badajoz y su trabajo en la Diputación provincial. Durante su etapa como empleado público, supuestamente, percibió un salario anual que varió entre los 48.000 y los 55.500 euros. Es importante tener en cuenta el sueldo real del músico. 

La Diputación de Badajoz ha entregado a la juez el contrato. El mismo firmado con la administración para el puesto de Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música. En el Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social.

Según el contrato, la plaza que se otorgó a David Sánchez Pérez-Castejón estaba clasificada como "alta dirección". Además, tenía una remuneración anual de 48.176 euros, más dietas.

La cantidad total bruta mensual por todos los conceptos es de 3.441,19 euros. Un salario que se desglosan en un salario base de 1.131,35 euros y un total de complementos de 2.309,84 euros.

Incluye dos pagas extraordinarias, una en junio y otra en diciembre. El contrato también especifica que "los gastos de viaje, desplazamiento o dietas derivados de su actividad correrán a cargo exclusivo de la empresa".

El acuerdo remitido por la Diputación se llevó a cabo el 10 de julio de 2017. En nombre de la administración firmó el diputado delegado de Recursos Humanos y Régimen Interior, Antonio Garrote Ledesma. También se encuentra bajo el foco de la juez de instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, que pidió confirmar su condición de aforado antes de decidir sobre su situación procesal.

¿Podría ir a la cárcel?

David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, enfrenta un proceso judicial que lo sitúa cada vez más cerca de un juicio oral. La juez Beatriz Biedma, encargada del caso en Badajoz, ha emitido un auto de procesamiento contra él. En este, acusándolo de posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

Según el documento judicial, Sánchez podría enfrentarse a una pena de entre seis meses y dos años de prisión por el primer delito. Además de una inhabilitación de entre nueve y quince años por el segundo.

El auto, que aún puede ser recurrido ante la misma jueza, marca un paso significativo en la investigación. Sin embargo, fuentes judiciales indican que este tipo de recursos rara vez prosperan.

De confirmarse el procesamiento, el caso pasaría a la Audiencia Provincial de Badajoz, que hasta ahora ha respaldado todas las decisiones de la magistrada. Si no hay cambios, el siguiente paso sería la apertura de un juicio oral.