Esta medida es vista por muchos como una traición a los principios de igualdad y solidaridad interterritoriales que han sustentado el modelo autonómico español.
Además de la Seguridad Social, el manifiesto también menciona la "colonización" de instituciones públicas. Como Correos, Renfe y otras entidades estratégicas como AENA, Adif y Navantia. Que estarían siendo usadas como herramientas para la perpetuación en el poder del actual gobierno.
Estas afirmaciones se apoyan en la creciente sensación de que el gobierno ha utilizado estas instituciones para sus propios intereses políticos.
Una de las críticas más fuertes del manifiesto está dirigida hacia lo que denominan un “proceso constituyente” encubierto. Mediante el cual, el Gobierno de Sánchez y sus socios de coalición estarían llevando a cabo cambios radicales en el sistema democrático sin el necesario debate y consenso.
Los convocantes alertan que estos cambios podrían alterar de manera permanente los equilibrios constitucionales del país. Promoviendo un sistema político dominado por una "amalgama" de partidos que buscan repartirse el poder y los privilegios a largo plazo.
Un llamamiento a la unidad y la movilización ciudadana
La Plataforma por la España Constitucional llama a toda la sociedad. Sin importar su ideología, a unirse en defensa de la unidad de España y sus instituciones.
Recalcan que esta no es una concentración “de izquierdas, derechas o centro, sino de demócratas”. Que están dispuestos a frenar lo que consideran una peligrosa deriva del gobierno actual.
El acto finaliza con un fuerte llamamiento a la acción: "¡Elecciones generales, ya!". Los convocantes consideran que solo a través de unos nuevos comicios se podrá poner freno a lo que describen como un proceso de deterioro democrático impulsado por el Gobierno de Sánchez.