Este es el socialista salpicado por los ERE al que el Constitucional 'ha perdonado'

El Tribunal Constitucional (TC) ha tomado una decisión significativa en el ‘caso de los ERE’,  exonerando parcialmente la condena por malversación del exconsejero de Empleo de Andalucía, Antonio Fernández García.  El Pleno del TC ha anulado su sentencia actual y ha ordenado a la Audiencia de Sevilla que emita una nueva resolución que rebaje su pena de prisión.

La resolución, adoptada por una mayoría de  siete votos contra cuatro,  ha sido anunciada por el tribunal, que ha determinado que se ha vulnerado parcialmente el derecho a la legalidad penal de Fernández. No obstante, los magistrados rechazaron que se hubieran lesionado sus derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva.

Según fuentes jurídicas consultadas, el Constitucional considera que la Audiencia de Sevilla deberá redactar un nuevo pronunciamiento  que se centre exclusivamente en la posible comisión de un delito de malversación relacionado con las modificaciones presupuestarias de 2000-2001 y la disposición de fondos del programa 3.1 L, en ausencia o desviación de su fin público.

Antonio Fernández García había sido condenado a siete años y 11 meses de prisión, además de 19 años y medio de inhabilitación, por un delito continuado de prevaricación en concurso con un delito continuado de malversación. Su condena abarcaba tanto su participación en las modificaciones presupuestarias que facilitaron los fondos para los ERE, como la firma de convenios particulares con el director general de Trabajo a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que él presidía.

La decisión del TC

El Tribunal Constitucional ha decidido perdonar parcialmente la malversación, pero ha mantenido fuera del amparo los actos de presupuestación y gestión realizados por Fernández en calidad de viceconsejero de Empleo, específicamente las modificaciones presupuestarias de 2000 y 2001. Estas modificaciones se realizaron antes de que las leyes de presupuestos incluyeran el concepto de transferencias de financiación del IFA a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

Además, el tribunal ha excluido del amparo las disposiciones de fondos ordenadas en la  Consejería de Empleo entre 2002 y 2009,  bajo la vigencia de las leyes de presupuestos que incorporaban tales aplicaciones al programa 3.1 L, ya que estas excedieron su ámbito de cobertura al realizarse en ausencia de fin público.

En sentencias anteriores sobre el ‘caso de los ERE’, el Constitucional estableció que los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos, así como sus modificaciones, no son resoluciones ni forman parte de un asunto administrativo, sino que son actos del Poder Ejecutivo  en el ejercicio de su función de gobierno, según el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

El tribunal concluyó que estos no son asuntos gubernativos sujetos a control jurisdiccional, y que «si los proyectos tuvieran que respetar el contenido de las normas, nunca podrían llevarse a cabo las modificaciones de las leyes existentes, ya que los cambios normativos tienen como objetivo establecer una legislación diferente de la que se encuentra en vigor».

El caso del exconsejero de Empleo Andaluz

Antonio Fernández, exconsejero de Empleo de Andalucía durante los mandatos de Chaves y Griñán, cumple actualmente una condena de 7 años y 11 meses de prisión y 19 años y 6 meses de inhabilitación absoluta. La sentencia fue emitida por delitos de prevaricación y malversación. Además, Fernández estuvo en prisión preventiva durante cuatro meses durante la instrucción del caso por parte de la juez Mercedes Alaya.

El 17 de julio de 2001, en su calidad de presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), Fernández firmó un convenio marco que se convirtió en el fundamento del conocido 'fondo de reptiles'. Este documento fue también suscrito por el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera.

Fernández enfrenta además otra condena relacionada con una de las piezas separadas del caso ERE. En enero de 2022, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla lo sentenció a siete años y un día de prisión en el contexto de las ayudas, valoradas en 2,9 millones de euros, otorgadas por la Junta de Andalucía a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco). Durante este juicio, que se celebró a finales de 2020, Antonio Fernández ejerció su derecho a la última palabra, declarando: «A pesar de llevar diez años en esta situación, sigo creyendo en la Justicia».

Estas condenas han marcado una etapa difícil para Fernández, cuya implicación en el caso ERE ha sido objeto de un escrutinio judicial riguroso. Su papel en la gestión de fondos y la asignación de ayudas  ha sido central en la investigación que ha derivado en múltiples sentencias y acciones legales contra altos cargos de la administración andaluza. 

El caso ERE ha sido uno de los mayores escándalos de corrupción en Andalucía, exponiendo una red de irregularidades en la gestión de fondos públicos destinados a expedientes de regulación de empleo. La implicación de figuras como  Antonio Fernández y las sentencias derivadas reflejan la gravedad y el alcance de este entramado de corrupción, que ha tenido repercusiones significativas en la política y la justicia andaluza.