La socialista María Jesús San José destina 100.000 euros al programa de encuentros de etarras con sus víctimas

Un día más la política penitenciaria del Gobierno vasco vuelve a estar en el punto de mira. Desde que María Jesús San José, actual consejera de Justicia y Derechos Humanos en el Gobierno Vasco, llegó al ejecutivo autonómico, se ha ido perfilando una estrategia que combina beneficios penitenciarios con programas de reintegración. Como es de esperar, todo ello financiado con dinero público.

En este contexto, el Ejecutivo ha destinado 100.000 euros entre 2024 y 2025 a encuentros entre víctimas y presos de ETA. La iniciativa se presenta como un ejercicio de justicia restaurativa, en el que los internos escuchan a las víctimas y reflexionan sobre su pasado.

Sin embargo, más allá de este planteamiento teórico, surgen numerosas dudas. La falta de información detallada, el escaso seguimiento público y la coincidencia con un aumento de concesiones penitenciarias hacen que muchos cuestionemos si estamos ante una verdadera política de reinserción o ante otra práctica.

Un programa financiado que genera más dudas que certezas
El programa de encuentros se ha convertido en uno de los ejes del discurso del Gobierno vasco. La idea es sencilla: propiciar un diálogo directo entre víctimas y presos para avanzar hacia la convivencia.

Pero en la práctica, hay demasiadas incógnitas. Prácticamente no se conocen detalles sobre cómo se selecciona a los participantes o qué resultados concretos se obtienen. Esa falta de transparencia no ayuda precisamente a generar confianza.

Además, hay casos que llaman la atención. Algunos presos han accedido a regímenes de semilibertad sin haber pasado por estos encuentros, lo que debilita el argumento de que este proceso sea realmente determinante en su reinserción.

Beneficios a condenados por delitos graves
Además, desde la llegada de María Jesús San José en 2024, se ha acelerado la concesión de terceros grados y regímenes de semilibertad a presos de ETA. Las cifras hablan por sí solas. Más de 30 concesiones en menos de dos años implican un ritmo sostenido, con salidas prácticamente cada pocas semanas.

Cuesta ver aquí decisiones aisladas; más bien parece una línea de actuación continuada. El contexto político tampoco pasa desapercibido. Estas decisiones coinciden con un escenario en el que el Gobierno de Pedro Sánchez depende de apoyos parlamentarios delicados, lo que ha alimentado la sospecha de que la política penitenciaria no se está moviendo únicamente por criterios técnicos.