Las explicaciones ofrecidas por Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) han provocado una nueva ofensiva judicial contra el ministro de Transportes. Esta vez, las críticas no se centran directamente en las causas del siniestro, que dejó 69 fallecidos, sino en la información que el responsable ministerial hizo pública durante sus primeras declaraciones.
El Sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo al sospechar que Puente pudo incumplir su deber de confidencialidad. La organización considera que sus manifestaciones podrían encajar en delitos de revelación de secretos o de información reservada.
Según publica EL MUNDO, el sindicato cuestiona especialmente que el ministro hablara sobre las decisiones adoptadas por los responsables de circulación cuando todavía no se habían difundido públicamente las grabaciones del accidente.
El Sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo
Las palabras de Puente, en el centro de la polémica
El pasado 28 de octubre, desde las instalaciones de Adif en Atocha, Puente reconoció haber tenido acceso a las conversaciones mantenidas durante los momentos previos a la colisión.
En aquella comparecencia, el ministro apuntó a posibles errores humanos y calificó de "inexplicables" determinadas actuaciones. Esa misma noche comenzaron a circular los audios que recogían las instrucciones transmitidas desde el centro de control.
Las grabaciones permitieron conocer parte de lo ocurrido después de que una avería en el sistema de seguridad LZB interrumpiera la circulación de varios trenes.
Uno de los convoyes de Renfe recibió autorización para reanudar la marcha mediante un procedimiento alternativo, mientras un tren de Iryo permanecía inmovilizado por delante. Poco después se produjo el choque.
Para Alferro, la cuestión es determinar si el ministro difundió datos que debían permanecer protegidos mientras se investigaban las circunstancias del accidente.
Nuevas acciones judiciales tras el accidente
La denuncia sindical amplía las actuaciones judiciales promovidas después de la tragedia.
El Sindicato de Circulación Ferroviario ya había acudido a los juzgados de Orgaz para reclamar una investigación sobre la filtración de los audios. Por otra parte, Vox presentó una querella contra Puente por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave.
Alferro, dirigido por Alfonso González Arias, ha mantenido durante los últimos meses una posición crítica con la seguridad ferroviaria y ha reclamado responsabilidades por otros accidentes registrados en España.
La Fiscalía deberá examinar ahora si las declaraciones de Puente justifican la apertura de diligencias. La denuncia no acredita por sí misma la comisión de ningún delito y será necesario determinar si la información mencionada estaba legalmente sometida a reserva.
