Nombramientos a dedo, pérdidas millonarias y corrupción hunden las empresas públicas bajo el control del Gobierno
Vicente Fernández asumió la presidencia de la SEPI con una rapidez reveladora. Fue uno de los primeros nombramientos del nuevo Gobierno. Las prisas evidenciaban prioridades políticas.
El vínculo con María Jesús Montero era conocido. Habían trabajado juntos durante años en la Junta de Andalucía. La confianza pesó más que la independencia.
Desde ese momento, la SEPI quedó alineada con el poder político. No fue una anomalía. Fue el inicio de un modelo de control partidista.
Poco después llegó el nombramiento de Juan Manuel Serrano en Correos. Era jefe de gabinete de Pedro Sánchez. No tenía experiencia en gestión postal.
Correos es el principal activo de la SEPI, aporta el 45% de su facturación. También concentra la mayor parte del empleo. Situar allí a un hombre de máxima confianza no fue casual, el Gobierno blindó una empresa estratégica.
Desde 2018, los nombramientos se sucedieron sin pausa. Las presidencias pasaron a manos de ex cargos socialistas. El patrón se repitió en cascada.
Tras dos legislaturas, el panorama era evidente. Ocho de cada diez sociedades estatales estaban dirigidas por perfiles políticos. La profesionalización desapareció.
Andalucía y Cataluña tuvieron especial protagonismo. Antiguos responsables autonómicos coparon los consejos. El Estado quedó confundido con el partido.
El problema no se limitó a las cúpulas. También alcanzó direcciones intermedias y consejos de administración. Las empresas públicas se convirtieron en refugios laborales.
Consejeros y vocales llegaron sin procesos competitivos. Muchos respondían a afinidades políticas. Otros arrastraban vínculos personales con el poder.
Casos como Koldo García o Leire Díez lo evidencian. También Paco Salazar o las contrataciones ligadas a Ábalos. Los ejemplos se multiplican.
La factura de este modelo es incuestionable. En 2024, la SEPI registró las mayores pérdidas en una década. Más de 700 millones evaporados.
Correos lideró el desastre financiero. Acumuló casi 600 millones de desequilibrio operativo. En cinco años superó los mil millones en pérdidas.
Navantia tampoco escapó al deterioro. Sus números rojos crecieron de forma alarmante. La mala gestión agravó problemas históricos.
Las pérdidas se trasladaron a la deuda. Las empresas públicas alcanzaron un nuevo récord histórico. Más de 35.000 millones según el Banco de España.
Renfe y ADIF concentran gran parte del pasivo. AENA y Enaire completan el cuadro. El apalancamiento creció un 20% desde 2018.
La SEPI tampoco es ajena a esta deriva. Su deuda bancaria superó los 3.500 millones. Hacienda actúa como salvavidas permanente.
La mala gestión también afecta al ciudadano. El transporte ferroviario vive una crisis constante. Retrasos y caos se han normalizado.
Renfe y ADIF registraron 220 millones en pérdidas semestrales. El deterioro del servicio es evidente. La competencia privada avanza sin freno.
Correos pierde terreno frente a Amazon. Navantia no supera sus conflictos laborales. Son empresas gestionadas como ministerios.
A este escenario se suma un factor decisivo. La UCO registró la sede de la SEPI. También varias empresas estratégicas.
Las investigaciones apuntan a delitos graves: Prevaricación, malversación y tráfico de influencias están bajo sospecha. Correos vuelve a situarse en el centro, su tamaño la convierte en pieza clave.
La SEPI refleja un modelo fracasado. Empresas públicas usadas como botín político. Gestión subordinada a intereses partidistas.
La politización destruye eficiencia. La corrupción amenaza con completar el colapso. El coste siempre lo paga el contribuyente.
Cuando el poder sustituye al mérito, el resultado es inevitable. Pérdidas, deuda y sospechas. El Estado convertido en problema.
