El Gobierno de Salvador Illa puso en marcha una operación inmobiliaria de hasta 27,1 millones de euros, antes de impuestos, para adquirir una nueva sede de la Generalitat en Madrid. La documentación oficial de la convocatoria revela que la compra no se limitaba a oficinas administrativas: también contemplaba un espacio para uso residencial.
El concurso fue aprobado en noviembre de 2025 y planteaba la adquisición de uno o varios inmuebles en la capital. El objetivo era instalar allí las dependencias administrativas de la Delegación del Govern y el Centro Cultural-Librería Blanquerna, además de la citada zona residencial.
A estos espacios podía sumarse la compra de hasta seis plazas de aparcamiento, aunque este elemento figuraba como opcional dentro de la convocatoria. El límite económico establecido para el conjunto de la operación ascendía a 27.131.200 euros sin impuestos.
Los pliegos concretaban además las características de la parte residencial. Debía contar con entre 85 y 105 metros cuadrados y localizarse dentro de las zonas seleccionadas por la Generalitat para efectuar la compra.
El Govern había restringido la búsqueda al distrito Centro y a los barrios de Recoletos, Goya, Lista y Castellana, algunas de las áreas más cotizadas del mercado inmobiliario madrileño. También podían presentarse propiedades situadas en las calles que delimitaban esos perímetros.
El plazo para presentar ofertas finalizó el 19 de enero de 2026
En total, la Generalitat buscaba una superficie construida de entre 2.085 y 2.605 metros cuadrados, destinada principalmente a las oficinas institucionales y al espacio cultural.
La convocatoria oficial confirma expresamente la existencia de «un espacio para uso residencial», aunque el anuncio publicado no identifica quién debía ocuparlo. La documentación más detallada del concurso es la que permite concretar sus dimensiones y características.
El plazo para presentar ofertas finalizó el 19 de enero de 2026. Posteriormente estaban previstas dos sesiones públicas para analizar la documentación de los inmuebles y las propuestas económicas, que debían celebrarse en la Delegación de la Generalitat en Madrid.
Sin embargo, la operación finalmente no llegó a materializarse. El concurso quedó desierto y el Govern descartó posteriormente impulsar una nueva licitación modificando sus condiciones.
