Se duplica la llegada de inmigrantes a Canarias y Baleares desde 2023
El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 160.000 euros en 2024 a la destrucción de embarcaciones utilizadas en la inmigración ilegal.
porJuan Manuel Pulido
politica
Pedro Sánchez gasta 160.000 euros en destruir pateras mientras la inmigración se dispara
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El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 160.000 euros en 2024 a la destrucción de embarcaciones utilizadas en la inmigración ilegal.
Tres contratos públicos, gestionados por administraciones del Ejecutivo socialista, buscan afrontar el desbordamiento migratorio que afecta a Canarias y Baleares.
Estas medidas evidencian la complejidad de un problema creciente en los archipiélagos españoles.
Canarias y Baleares
En julio, la Delegación del Gobierno en Baleares adjudicó un contrato de 55.123,75 euros para retirar y destruir pateras en Mallorca.
En su justificación, el Ejecutivo destacó la falta de medios técnicos y humanos para manejar estas embarcaciones. La empresa Adalmo SL fue la encargada de ejecutar el contrato bajo estrictas medidas medioambientales.
El proceso incluye la separación total del motor de las embarcaciones. Su venta está prohibida y debe desmontarse completamente para impedir su reutilización.
Además, el resto de la estructura debe ser destruida garantizando la protección del entorno. Este esfuerzo responde a una "responsabilidad medioambiental" que busca prevenir la acumulación de residuos peligrosos.
Ibiza y Formentera también han sido puntos clave en este gasto. La Dirección Insular de la Administración General del Estado, dependiente del Ministerio de Política Territorial, adjudicó un contrato similar por 40.161,17 euros.
Herbusa, S.A.U., la empresa contratada, tiene tres meses para destruir 67 pateras acumuladas en los puertos de ambas islas.
Herbusa, S.A.U., la empresa contratada, tiene tres meses para destruir 67 pateras acumuladas en los puertos de ambas islas.
En las Baleares, el número de llegadas ha aumentado significativamente. Este año se han registrado 5.860 inmigrantes, duplicando las cifras de 2023, cuando llegaron 2.278 personas.
Este incremento ha exacerbado la presión sobre las infraestructuras locales, subrayando la urgencia de medidas eficaces.
El panorama nacional también refleja un repunte de la inmigración. Hasta el 15 de diciembre, España ha recibido 60.216 inmigrantes ilegales, un 14,5% más que en 2023.
Esta cifra convierte 2024 en el segundo año con más llegadas, solo por detrás de 2018, cuando Pedro Sánchez asumió la presidencia.
La falta de recursos para gestionar esta situación pone en evidencia las carencias del Gobierno. Los costes asociados a la destrucción de embarcaciones son solo una parte del desafío.
Además, la contratación de empresas externas pone de manifiesto la incapacidad de las administraciones para asumir estas tareas.
La situación migratoria sigue siendo un tema de preocupación creciente. Las islas Canarias y Baleares, por su ubicación estratégica, han soportado gran parte de esta carga. Los contratos para la destrucción de pateras son una solución parcial, pero no abordan el problema de fondo.
Segundo año de récord
El Ministerio del Interior publicará en breve el informe final con las cifras de inmigración de 2024. Los datos definitivos incluirán la última quincena del año, completando el balance de una situación que sigue generando debate.
El gasto público destinado a estas medidas suscita críticas por parte de diversos sectores. Para muchos, la gestión de la inmigración requiere un enfoque más integral.
La presión social y política sobre el Gobierno continuará mientras no se implementen soluciones sostenibles.
La inestabilidad en África occidental ha creado el caldo de cultivo perfecto para el auge de redes criminales. Estas organizaciones han intensificado sus actividades en 2024, aprovechando el deterioro social y económico de la región.
El impacto de la inmigración ilegal en España refleja un desafío global que afecta de manera desigual a las regiones. Canarias y Baleares han sido testigos de una presión sin precedentes este año.
El Gobierno de Pedro Sánchez afronta crecientes exigencias para mejorar la eficacia de sus políticas migratorias.
La destrucción de pateras es solo una pieza en el complejo engranaje de la gestión migratoria. Queda por ver si las medidas adoptadas serán suficientes para revertir esta tendencia al alza.
