Sanidad al límite: crece la polémica por la atención a inmigrantes irregulares

En España, el Real Decreto 180/2026 comenzó a aplicarse el pasado mes de marzo con el objetivo de reforzar el acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta norma está dirigida especialmente a las personas extranjeras en situación administrativa irregular que no disponen de permiso de residencia legal.

Impulsado por los ministerios de Sanidad y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el texto ha sido publicado en el BOE y pretende resolver las dificultades detectadas tras la puesta en marcha del Real Decreto-ley 7/2018, aprobado durante el Gobierno de Pedro Sánchez con la intención de restablecer la sanidad universal. Una de las principales novedades es la simplificación del procedimiento para obtener la asistencia sanitaria, que ahora podrá reconocerse mediante una declaración responsable.

De este modo, cualquier persona que se encuentre en España sin cobertura médica podrá acceder a la atención sanitaria pública de manera prácticamente inmediata en cualquier comunidad autónoma. Bastará con acreditar la estancia en el país, acudir a un centro de salud u hospital y formalizar la solicitud correspondiente.

Una vez validado el trámite, se garantiza la atención sanitaria inmediata para determinados colectivos considerados de especial protección, sin importar su situación administrativa y sin necesidad de cumplir requisitos adicionales.

Entre estos grupos se incluyen los menores de edad, las mujeres embarazadas —que tendrán cobertura durante el embarazo, el parto y el posparto—, así como el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. También se contempla la atención específica a víctimas de violencia de género, violencia sexual y trata de seres humanos.

Esta reforma se enmarca en un contexto social en el que existe un creciente debate sobre el estado del sistema sanitario y la percepción de su calidad por parte de la ciudadanía. En los últimos años, una parte de la población ha expresado su preocupación por la situación de la sanidad pública y su nivel de saturación.