La batalla judicial por la lona instalada por Hazte Oír frente al Congreso continúa. Después de que tanto un juzgado de Madrid como la Audiencia Provincial descartaran que la campaña constituyera un delito, Pedro Sánchez y el PSOE han vuelto a los tribunales con el objetivo de revertir esas resoluciones y reabrir el procedimiento.
Según un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el presidente del Gobierno y su partido han promovido un incidente de nulidad contra el auto que puso fin a la investigación. Su estrategia pasa por dejar sin efecto el archivo de la causa al considerar que la instrucción se cerró sin practicar actuaciones que, a su juicio, podían resultar determinantes para el procedimiento.
La causa fue archivada después de que la magistrada responsable concluyera que la lona formaba parte de una campaña de crítica política amparada por la libertad de expresión, descartando que los hechos pudieran encajar en delitos contra la integridad moral o de coacciones. Esa decisión fue posteriormente respaldada por la Audiencia Provincial de Madrid.
La causa fue archivada después de que la magistrada responsable concluyera que la lona formaba parte de una campaña de crítica política amparada por la libertad de expresión
Ahora, la representación legal de Sánchez sostiene que durante la instrucción quedó sin resolver una petición formulada por la Fiscalía, lo que, en su opinión, habría generado una situación de indefensión. Por ese motivo solicita que se declare la nulidad del procedimiento y que el juzgado vuelva a pronunciarse una vez resuelva expresamente sobre esas diligencias.
Entre las actuaciones cuya práctica reclama figuran la declaración, en calidad de investigado, del trabajador de Hazte Oír que contrató la colocación de la lona frente a la Cámara Baja, así como la incorporación de un reportaje fotográfico elaborado por la Policía Científica.
La defensa del presidente considera que esas pruebas podrían haber servido para esclarecer el alcance de la campaña desarrollada por la organización, que incluyó, además de la lona, pancartas, un camión publicitario y proyecciones luminosas. A su juicio, ese conjunto de actuaciones permitiría valorar si existió una conducta reiterada y con finalidad vejatoria antes de acordar el archivo de la causa.
En el escrito, Sánchez y el PSOE mantienen que la legislación procesal obliga al juzgado a resolver de forma motivada sobre todas las diligencias propuestas por el Ministerio Fiscal antes de adoptar una decisión como el sobreseimiento, argumento sobre el que fundamentan su petición para reabrir el procedimiento.
