El Gobierno de Pedro Sánchez oficializó la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico en Navarra durante el puente de la Constitución.
Este viernes, el Boletín Oficial del Estado publicó la ley que transfiere de manera exclusiva las competencias de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial a la Policía Foral de Navarra.
De este modo el Ejecutivo cumple con el acuerdo político con EH Bildu que deja en entredicho la consideración hacia uno de los cuerpos más emblemáticos de España.
El texto legislativo, firmado por Sánchez, señala que la transferencia busca "integrar en el Régimen Foral de Navarra todas aquellas facultades y competencias compatibles con la unidad constitucional".
Sin embargo, la medida es vista por muchos como un intento de satisfacer exigencias políticas a expensas de la Guardia Civil, que quedará excluida de las carreteras navarras.
Impacto en los agentes y rechazo social
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado que esta decisión deja a un gran número de agentes en una situación de incertidumbre laboral y sin opciones claras de reubicación.
Según la AUGC, el Gobierno no ha ofrecido un plan concreto para garantizar la estabilidad de los guardias civiles afectados, pese a las reiteradas demandas de medidas urgentes.
"Esta transferencia no solo pone en riesgo el despliegue de la Guardia Civil en Navarra, sino que también desmantela su presencia. Todo sin negociación ni consideración de las implicaciones para los agentes y sus familias". Comentan fuentes del cuerpo.
Además, la oferta de integrar a los agentes desplazados en la Policía Foral no es garantía de estabilidad. Navarra estima necesitar 149 agentes adicionales para cubrir las plazas, sumando a los 227 policías forales existentes.
Pero no se especifica cómo se gestionará este proceso ni se asegura que todos los guardias civiles puedan optar por esta transición.
