Sánchez echa a la Guardia Civil de Navarra para contentar a Bildu en secreto y festivo

El Gobierno de Pedro Sánchez oficializó la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico en Navarra durante el puente de la Constitución.

Este viernes, el Boletín Oficial del Estado publicó la ley que transfiere de manera exclusiva las competencias de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial a la Policía Foral de Navarra.

De este modo elEjecutivocumple con el acuerdo político con EH Bildu que deja en entredicho la consideración hacia uno de los cuerpos más emblemáticos de España.

El texto legislativo, firmado por Sánchez, señala que la transferencia busca "integrar en el Régimen Foral de Navarra todas aquellas facultades y competencias compatibles con la unidad constitucional".

Sin embargo, la medida es vista por muchos como un intento de satisfacer exigencias políticas a expensas de la Guardia Civil, que quedará excluida de las carreteras navarras.

Impacto en los agentes y rechazo social

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado que esta decisión deja a un gran número de agentes en una situación de incertidumbre laboral y sin opciones claras de reubicación.

Según la AUGC, el Gobierno no ha ofrecido un plan concreto para garantizar la estabilidad de los guardias civiles afectados, pese a las reiteradas demandas de medidas urgentes.

"Esta transferencia no solo pone en riesgo el despliegue de la Guardia Civil en Navarra, sino que también desmantela su presencia. Todo sin negociación ni consideración de las implicaciones para los agentes y sus familias". Comentan fuentes del cuerpo.

Además, la oferta de integrar a los agentes desplazados en la Policía Foral no es garantía de estabilidad. Navarra estima necesitar 149 agentes adicionales para cubrir las plazas, sumando a los 227 policías forales existentes.

Pero no se especifica cómo se gestionará este proceso ni se asegura que todos los guardias civiles puedan optar por esta transición.

Un acuerdo con tintes políticos

Esta decisión responde a un compromiso adquirido por Pedro Sánchez con EH Bildu en el marco de las negociaciones para los Presupuestos Generales de 2023.

Aunque la transferencia estaba prevista para marzo del año pasado, su implementación se ha retrasado, lo que evidencia la naturaleza política de la medida.

El Partido Popular intentó frenar este traspaso proponiendo un acuerdo de cooperación que permitiera la coexistencia de la Guardia Civil y la Policía Foral en las carreteras navarras.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada en el Congreso, donde la mayoría del Ejecutivo impuso su criterio.

Marlaska guarda silencio

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha ofrecido explicaciones claras sobre cómo se gestionará la situación de los guardias civiles desplazados.

Este silencio ha incrementado el malestar entre los afectados y amplificado las críticas de quienes ven en esta medida un desprecio hacia un cuerpo que ha servido históricamente en la región.

Defensa de la Guardia Civil

La Guardia Civil ha sido durante décadas una institución clave en la seguridad y vigilancia de las carreteras navarras.

Su desmantelamiento en esta área genera incertidumbre laboral para cientos de agentes, y también plantea dudas sobre el impacto en calidad del servicio.

Con esta transferencia, Pedro Sánchez consolida su estrategia de priorizar acuerdos políticos sobre el respeto y la estabilidad de un cuerpo que ha sido pilar fundamental de la seguridad en España.

La Guardia Civil merece no solo reconocimiento, sino también una protección que, en este caso, parece haber sido olvidada.