Los precedentes del Congreso introducen dudas sobre la última oferta planteada por el Gobierno para conseguir apoyos a sus decretos de vivienda. Convertir posteriormente las normas en proyectos de ley permitiría presentar enmiendas, pero no garantiza que esas modificaciones lleguen a aprobarse.
Así lo publica Vozpópuli, de los 41 reales decretos-leyes para los que el Congreso autorizó posteriormente su tramitación como proyectos de ley, únicamente dos alcanzaron la fase de ponencia y ninguno habría completado todo el procedimiento.
Ese historial cobra importancia ante las negociaciones que mantiene Moncloa para las votaciones de este viernes. El Ejecutivo ha ofrecido a sus socios que, una vez convalidados los dos decretos de vivienda, se tramiten como proyectos de ley mediante el procedimiento de urgencia.
La fórmula permitiría a los grupos introducir enmiendas posteriormente sin que las medidas aprobadas inicialmente dejaran de estar vigentes. Pero existe otro escenario: que los textos permanezcan durante un largo periodo en tramitación y las modificaciones negociadas nunca lleguen a materializarse.
La fórmula permitiría a los grupos introducir enmiendas posteriormente sin que las medidas aprobadas inicialmente dejaran de estar vigentes
Hay antecedentes que ilustran esa posibilidad. Uno de ellos afecta precisamente a los desahucios de personas vulnerables. Su conversión en proyecto de ley recibió el visto bueno del Congreso en junio de 2024, pero el texto continúa más de dos años después dentro del periodo de enmiendas. Según los datos recogidos por el citado medio, esta fase acumula ya 80 ampliaciones.
Otro ejemplo corresponde al decreto de entregas a cuenta de 2025. La Cámara respaldó por unanimidad que continuara su recorrido como proyecto de ley, pero todavía permanece en esa fase después de 41 prórrogas.
Es precisamente esta dinámica la que señalan las fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli. La propuesta del Gobierno abre formalmente la puerta a cambiar los decretos después de su convalidación, aunque el procedimiento parlamentario no asegura que esas reformas terminen incorporándose a los textos.
Moncloa recurre a esta alternativa en unas horas decisivas para las dos normas. Las votaciones están previstas este viernes y el Ejecutivo continúa buscando los apoyos necesarios ante la negativa anunciada por Junts.
La formación independentista mantiene su intención de votar contra ambos textos y reclama su retirada para negociar otros nuevos. El PNV, por su parte, ha anunciado posiciones diferentes: respaldará uno de los decretos y rechazará el otro.
De ahí que la conversión posterior en proyectos de ley se haya convertido en una herramienta de negociación para el Ejecutivo: los grupos podrían permitir ahora la entrada en vigor de las medidas y tratar de modificarlas posteriormente mediante enmiendas.
