El Gobierno multiplica por nueve el gasto en el IMV y crea una red de dependencia que desincentiva el trabajo
El Gobierno de Pedro Sánchez cerró 2024 destinando 3.854 millones de euros al Ingreso Mínimo Vital, una cifra nueve veces superior a la de 2020.
En apenas cuatro años, el gasto en esta prestación ha pasado de 407 millones a casi 4.000, incluyendo el Complemento de Ayuda a la Infancia.
Según la consultora Freemarket Corporate Intelligence, dirigida por Lorenzo Bernaldo de Quirós, el crecimiento ha sido sostenido y claramente por encima del IPC en la mayoría de ejercicios.
Solo en 2024, el IMV se revalorizó más del doble que la inflación. En 2025, la subida prevista será más del triple. Estos incrementos consolidan un modelo donde el Estado amplía su control sobre los sectores más vulnerables y refuerza la dependencia de miles de familias de las ayudas públicas.
El informe alerta de un problema estructural: el IMV desincentiva la búsqueda de empleo. “Una familia que recibe 900 euros y consigue un trabajo por 1.100 netos apenas mejora su renta en 200 euros”, señala el estudio.
Este diseño hace que muchos perceptores no vean atractivo incorporarse a la economía formal. Optando así, en algunos casos, por trabajos en negro para mantener la ayuda íntegra.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que el actual diseño del programa reduce en al menos doce puntos la posibilidad de que sus beneficiarios vuelvan al mercado laboral.
Entre los jóvenes y las familias monoparentales, el efecto desincentivador supera incluso el 20 %.
El estudio estima que entre el 15 % y el 20 % de los perceptores podrían tener ingresos no declarados. De esta forma, el Estado estaría financiando indirectamente la economía sumergida y favoreciendo la competencia desleal entre empresas.
El IMV, concebido originalmente como un apoyo temporal, se ha convertido en una ayuda permanente para la mayoría de sus beneficiarios.
Según el informe, el 90 % la recibe durante más de un año. Hasta el 75 % supera los dos años y el 60 % la mantiene más de tres. Cuanto más tiempo se cobra, menor es la probabilidad de dejar de hacerlo.
En la práctica, la ayuda se comporta como una “renta de inactividad de larga duración”, que eleva el paro estructural y cronifica la dependencia estatal.
El resultado, según los analistas, es un gasto público cada vez mayor y una pérdida progresiva de capital humano. Especialmente entre los trabajadores con menor cualificación.
Otro punto polémico es la compatibilidad del IMV con poseer vivienda en propiedad. El informe advierte que incluso propietarios de inmuebles de alto valor pueden beneficiarse de esta prestación.
El borrador inicial de 2020 contemplaba excluir los casos de patrimonio “de valor excepcional”, pero esa limitación desapareció en el texto final.
Freemarket sostiene que, sin una reforma profunda, el IMV seguirá actuando como un freno al empleo y como un instrumento político de dependencia.
Aunque su objetivo declarado es combatir la pobreza, su aplicación práctica —según el informe— termina generando un “círculo vicioso de subsidio y estancamiento”. Esto perjudica tanto a sus beneficiarios como a la economía en su conjunto.
En definitiva, el estudio concluye que el Ingreso Mínimo Vital, tal y como está diseñado, no integra sino que aísla.
Más que un trampolín social, se ha convertido en una red de control estatal que multiplica la dependencia ciudadana y reduce los incentivos para prosperar fuera del amparo del Gobierno.
