EDATV Salvador Illa quiere obligar a propietarios de toda España a entregar sus datos si tienen al menos un piso en Cataluña
El proyecto prevé crear un registro público de propietarios de viviendas y otro de pisos vacíos u okupados
El presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, prepara una nueva medida en materia de vivienda que ya ha desatado críticas jurídicas y empresariales. El decreto impulsado por su gobierno pretende obligar a propietarios de toda España a facilitar información detallada sobre sus inmuebles si poseen al menos uno en Cataluña. La iniciativa ha reavivado el debate sobre hasta dónde pueden llegar las competencias autonómicas.
El proyecto prevé crear un registro público de grandes tenedores de vivienda y otro de pisos vacíos u okupados. Para ello, la Generalidad pretende exigir datos como la ubicación, la referencia catastral o la superficie de los inmuebles. Sin embargo, distintos organismos advierten de que la norma podría exigir información excesiva y generar una carga administrativa desproporcionada.
Las críticas no solo apuntan al contenido del registro, sino también a su alcance territorial. La medida obligaría a declarar propiedades ubicadas fuera de Cataluña si el propietario posee al menos una vivienda dentro de la comunidad. Para juristas y organizaciones empresariales, ese planteamiento supone ir mucho más allá de las competencias autonómicas.
Salvador Illa quiere obligar a propietarios de toda España a entregar sus datos si tienen al menos un piso en Cataluña | Europa Press
Un registro que invade competencias
El proyecto ha sido cuestionado incluso por el propio Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña. En su dictamen advierte de que algunos de los datos solicitados podrían resultar desproporcionados para los objetivos de la norma. El organismo reclama que el Gobierno justifique de forma exhaustiva por qué necesita esa información.
Las críticas también han llegado desde el mundo empresarial. La patronal Fomento del Trabajo Nacional sostiene que la Generalidad se está extralimitando al pretender recopilar información sobre bienes situados fuera de Cataluña. Según la organización, esa pretensión invade competencias que no corresponden a la administración autonómica.
Juristas especializados en derecho público coinciden en esa interpretación. Algunos expertos consideran que obligar a propietarios de otras regiones a facilitar datos sobre sus bienes podría vulnerar tanto el reparto competencial como la normativa de protección de datos.
Illa impulsa una norma que puede acabar en los tribunales
El profesor de Derecho Adolfo Lucas advierte de que la norma podría tener un recorrido judicial complicado. A su juicio, la Generalidad no puede imponer obligaciones administrativas a propietarios que ni residen en Cataluña ni tienen la mayor parte de sus propiedades allí. Para el jurista, el decreto abre la puerta a recursos legales.
La polémica se suma a otras medidas impulsadas por el Ejecutivo catalán en materia de vivienda. Algunas iniciativas recientes han sido criticadas por empresarios y expertos por su posible impacto negativo sobre el mercado del alquiler. Varias de ellas ya se enfrentan a recursos ante el Tribunal Constitucional.
En este contexto, la oposición acusa al Gobierno catalán de impulsar regulaciones que generan inseguridad jurídica y afectan al conjunto del mercado inmobiliario. El debate vuelve a colocar en el centro la política de vivienda de la Generalidad de Cataluña y su relación con el Gobierno de Pedro Sánchez, al que también se responsabiliza de respaldar el endurecimiento regulatorio en este ámbito.
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