Cuatro meses después de la tragedia, el Gobierno central ha entregado solo un 7% de las ayudas prometidas
Cuatro meses después de la devastadora dana que azotó la provincia de Valencia el 29 de octubre, los afectados siguen esperando respuestas claras y rápidas para poder reponer sus vidas.
La tragedia, que dejó 227 muertos, ha puesto en evidencia las tensiones entre las administraciones central y autonómica sobre la gestión de las ayudas.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez había prometido una ayuda total de 16.600 millones de euros tras la catástrofe. Pero los datos más recientes de Moncloa reflejan que solo se ha abonado el 7,88% de esa cantidad.
En total, el Gobierno central ha desembolsado hasta el 1 de marzo la cifra de 3.304 millones de euros, de los cuales 2.158 millones corresponden al Consorcio de Compensación de Seguros.
Este organismo no depende directamente del presupuesto estatal, lo que, según la Generalitat, debe restarse de la cifra total de ayudas.
Por su parte, el Consell de Carlos Mazón sostiene que el porcentaje real de las ayudas directas para los afectados de la dana no llega ni al ocho por ciento.
La Generalitat argumenta que las indemnizaciones del Consorcio no deben contarse como ayudas del Gobierno central, ya que este organismo las gestiona de forma independiente.
El Gobierno autonómico, por su parte, asegura que ha avanzado mucho más en la distribución de las ayudas a los afectados.
Según los datos de la Generalitat, ya se ha abonado el 46% de las ayudas autonómicas, tras resolver el 75% de las solicitudes.
Estas ayudas se dividen en distintas líneas: para municipios, autónomos con y sin empleados, alquiler de viviendas y bienes de primera necesidad.
El Consell destaca que, a pesar de la diferencia presupuestaria entre las administraciones, la Generalitat ha demostrado una gestión más ágil y eficaz.
Sin embargo, también denuncian que siguen sin recibir las ayudas a fondo perdido solicitadas al Gobierno central para la reconstrucción de las comarcas afectadas.
Un dinero que consideran vital para la reparación de infraestructuras públicas, como colegios, centros de salud y residencias.
Uno de los puntos más controvertidos entre las administraciones es la distribución de las ayudas para la compra de vehículos.
Desde el Gobierno valenciano critican que el Ejecutivo de Sánchez solo conceda estas ayudas a quienes compren un coche nuevo. Además, las supedita a que se trate de un vehículo eléctrico, incluyéndose también el pago del IVA.
En contraste, la Generalitat no pone condiciones sobre la compra de un nuevo coche, y concede tantas ayudas como vehículos tenía cada afectado.
Esta diferencia ha generado un notable desajuste en las solicitudes de ayuda por este concepto. El Gobierno central ha recibido 19.807 peticiones, de las que solo se han concedido unas 2.465. Por su parte, la Generalitat ha recibido más de 86.000 solicitudes y ya ha abonado 71.044 ayudas.
El Gobierno valenciano también ha criticado la lentitud del Estado en la entrega de ayudas de primera necesidad. A pesar de haber transcurrido cuatro meses desde la tragedia, solo se han otorgado 2.871 ayudas por este concepto desde el Gobierno central.
En cambio, la Generalitat ha concedido más de 22.000, destinando 135 millones de euros a este fin. Para la Administración valenciana, esta diferencia es inaceptable, dado el retraso en las ayudas para cubrir las necesidades más urgentes de los afectados.
A pesar de los esfuerzos del Consell, las críticas a la gestión estatal persisten, especialmente por la lentitud en la entrega de ayudas y la exclusión de algunos municipios clave.
