La medida está recogida en un proyecto del Ministerio de Migraciones publicado el pasado 28 de enero
El Gobierno prepara un nuevo proceso de regularización que afectará a inmigrantes con solicitud previa a 2025.
La medida está recogida en un proyecto del Ministerio de Migraciones publicado el pasado 28 de enero. El texto establece cómo se comprobarán los antecedentes penales cometidos fuera de España. Según el documento, la Administración reclamará información a otros países si el afectado no la aporta.
Este procedimiento se aplicará cuando existan indicios y la documentación no haya sido facilitada. El Gobierno solicitará los datos directamente a las autoridades del país de origen o de residencia previa. La norma contempla que el interesado haya vivido fuera de España en los últimos cinco años.
Si acredita haber solicitado el certificado y no recibe respuesta en un mes, el Ejecutivo actuará.
En ese caso, la Administración podrá recabar la información directamente del país correspondiente. El proyecto añade un segundo supuesto para cerrar el proceso administrativo.
Si el país requerido no remite la documentación en el plazo de un mes, se aplicará otra vía. Bastará con presentar una declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales. Con ese documento, el solicitante será considerado sin antecedentes en esos países.
Así se establece para poder acogerse a la disposición transitoria prevista en la norma.
El proyecto señala que se entenderá cumplido el requisito, aunque no exista verificación externa. La medida afecta a delitos cometidos fuera de España en los cinco años previos a la llegada. También se excluyen los antecedentes que no estén previstos en el ordenamiento jurídico español.
La regulación permitirá acceder a la residencia por arraigo o circunstancias excepcionales.
Podrán acogerse quienes hayan presentado solicitud antes del 31 de diciembre de 2025.
El texto forma parte de una regularización masiva impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. El proyecto ha sido publicado por el Ministerio de Migraciones y Seguridad Social. El plazo para presentar aportaciones ciudadanas finalizará el próximo 6 de febrero de 2026.
El procedimiento se apoya en la cooperación internacional para la verificación de datos. Sin embargo, el proyecto contempla escenarios de falta de respuesta administrativa.
En esos casos, la declaración firmada será el único documento exigido. Esto se aplicará incluso en países con dificultades burocráticas o diplomáticas.
El texto menciona contextos de inestabilidad política que complican la investigación. Algunos ejemplos señalados son Sierra Leona, Níger, Mali o Somalia. En estos casos, la Administración no exigirá documentación adicional. La declaración responsable servirá como prueba suficiente para el expediente.
