La investigación busca esclarecer si existieron delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha citado a declarar como investigados a cinco socios del empresario Víctor de Aldama en el marco del conocido como "caso Koldo".
Esta investigación se centra en presuntas irregularidades relacionadas con la adjudicación de contratos para la realización de pruebas PCR en los aeropuertos de Canarias y Baleares durante la pandemia de COVID-19.
Los citados son Ignacio Díaz Tapia, Luis Alberto Escolano Marín, Javier Serrano Costumero, César Moreno García y María Piedad Losada Romo. Las comparecencias están programadas para los días 25 y 26 de noviembre.
Además, el juez ha convocado para los días 2 y 3 de diciembre a ocho agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil en calidad de testigos.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó estas citaciones tras un informe de la UCO. Que reveló la estrecha relación entre Koldo García Izaguirre, los expresidentes de Canarias y Baleares, Ángel Víctor Torres y Francina Armengol.
Según el informe, García Izaguirre habría actuado como intermediario para facilitar la adjudicación de contratos a la empresa Eurofins Megalab, vinculada a De Aldama.
En diciembre de 2020 y enero de 2021, el Servicio Canario de Salud adjudicó tres contratos a Eurofins Megalab por un valor total de más de 5 millones de euros. Para la realización de pruebas PCR en los aeropuertos del archipiélago. Paralelamente, el Servicio de Salud de Baleares otorgó dos contratos a la misma empresa por un importe de 1,1 millones de euros.
Las investigaciones apuntan a que Koldo García Izaguirre utilizó su posición y contactos para influir en la adjudicación de estos contratos. Mensajes de texto y correos electrónicos analizados por la UCO muestran comunicaciones entre Koldo con Torres y Armengol. En las que se discutían detalles sobre los contratos y se solicitaba su intervención para facilitar las adjudicaciones.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que los socios de De Aldama ahora citados participaron activamente en estas gestiones. Colaborando en la obtención de los contratos y beneficiándose económicamente de ellos. La investigación busca esclarecer si existieron delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de fondos públicos en la adjudicación de estos contratos.
Este caso ha generado una gran repercusión mediática y política, dado que implica a altos cargos y exdirigentes autonómicos. Las citaciones y declaraciones previstas en las próximas semanas serán clave para determinar las responsabilidades y posibles implicaciones penales de los involucrados.
La investigación continúa en curso, y se espera que nuevas revelaciones y testimonios aporten más claridad sobre el alcance de las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos durante la pandemia.
