Se trata de Pilar Fernández, fiscal adscrita a la Fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer
La Fiscalía General, liderada por Álvaro García Ortiz, está utilizando diversas estrategias. Para impedir que la Fiscalía Europea investigue los casos de malversación relacionados con el procés independentista catalán.
En un esfuerzo por evitar un nuevo frente legal en Europa, la Fiscalía Española ha emitido informes detallados para frenar cualquier intento de la Fiscalía Europea de intervenir en estas investigaciones.
Uno de los argumentos clave presentados por la Fiscalía. Es que la malversación de fondos relacionados con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. No afecta los intereses financieros de la Unión Europea.
Este argumento se ha utilizado para justificar que la Fiscalía Europea no tiene competencia para investigar estos casos. A pesar de que la malversación de caudales públicos es uno de los delitos bajo la jurisdicción de la Fiscalía Europea según la Directiva. (UE) 2017/1371.
En medio de la polémica, García Ortiz se encuentra en boca de todos. Es una persona muy señalada por muchos.
Su predecesora se trataba de Dolores Delgado. Fue a finales de 2021 cuando Delgado nombró fiscal jefe de la Secretaría Técnica a García Ortiz. Este evento fue muy criticado debido a un supuesto nepotismo, ya que se trataba de su mano derecha.
Entre otra de sus decisiones fue nombrar a otra persona de confianza como teniente fiscal: Diego Villafañe.
Diversas fuentes aseguran la existencia de ese nepotismo cuando "enchufó" a la mujer de García Ortiz, Pilar Fernández, como fiscal adscrita a la Fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer.
Ingresó en la Carrera Fiscal en el año 1978. Su primer destino fue en Bilbao, donde trabajó como abogada fiscal. En 1980, fue nombrada abogada fiscal en Valladolid, y en 1983 fue destinada a Madrid.
En 1993, fue nombrada Fiscal del Tribunal Supremo. Desde el año 2003, ocupa el puesto de Fiscal de Sala en el mismo tribunal.
En 2004, fue nombrada Fiscal de Sala delegada en materia de víctimas de terrorismo. Posteriormente, en 2012, fue nombrada fiscal delegada en materia de tutela y protección de los intereses de las víctimas en el proceso penal
